La orden ejecutiva establece que los hospitales deben recopilar datos detallados de los servicios médicos prestados, incluyendo el número de altas hospitalarias y visitas a emergencias realizadas por personas inmigrantes indocumentadas, así como el costo de estos servicios.

La reclamante cuenta a la fecha con 21 años, si bien al momento del pedido de cese y de interponer los recursos se encontraba en la franja etaria de 18 a 21 años, la norma establece que la obligación se extiende hasta los veintiún años, salvo que se acredite que el hijo mayor cuenta con recursos suficientes para procurárselo.

El servicio recurrido incurrió en una actuación arbitraria al abstenerse de verificar adecuadamente la validez del proceso de exclusión, limitándose a revisar documentos insuficientes ante los reclamos sobre la legalidad del procedimiento, lo que vulneró el derecho a la igualdad ante la ley de las recurrentes.

Resolvió que el actuar del servicio recurrido es ilegal al basarse en normas derogadas, como son los artículos 271, 272 y 280 del Código Civil, que regulaban la filiación natural, y no considerar la normativa vigente, en particular, el artículo 188 del mismo cuerpo legal, que establece que la filiación se reconoce por la simple consignación del nombre del progenitor al momento de la inscripción del nacimiento.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a recurso, desde que el plazo que se impone comienza a contar desde el envío del correo, sin que se asegure la recepción efectiva del correo electrónico.

Tras revisar las disposiciones del Código Civil y otras normativas conexas, el tribunal determinó que la negativa a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo contradice los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de igualdad de género.

Determinó que, si bien en un inicio se detectaron deficiencias en el manejo del guano, la última inspección constató que se corrigió la situación, con un manejo adecuado de los residuos y el cumplimiento de la normativa sanitaria. Además, no se verificaron los otros agravios alegados, como el maltrato animal o la falta de autorizaciones.

El ejercicio del poder de organización no puede violar derechos que integran el orden público laboral del que, como tal, no se puede prescindir. Extremo éste que, como se observa, se verificó en autos por vía de la creación de un plazo de caducidad para el reclamo de los reintegros ajeno a la ley.

Se trata de una materia litigiosa que cuenta con reiteradas sentencias de la Corte de Suprema, que concluyen que la confianza legitima de los funcionarios a contrata se configura desde los 5 años en el ejercicio del cargo, no a los 2 años, como se indicaba con anterioridad.

Debe tenerse en especial consideración el arraigo familiar que tiene la amparada en Chile, toda vez que tiene a su madre quien cuenta con residencia definitiva, por lo que debe primar en este caso el principio de reunificación familiar y de protección de la familia.