En su libelo, denunció que la actuación del recurrido constituye un acto de autotutela o justicia por la propia mano, al suspender el suministro de energía eléctrica sin tener la calidad de administrador legalmente designado por la comunidad y sin acudir a los tribunales de justicia.

Tuvo en cuenta que el ingreso por paso no habilitado constituye una causal de expulsión grave, y que la reclamante evidenció desidia al no regularizar su situación migratoria desde su llegada a Chile en 2022, lo que demuestra un menosprecio por el sistema, al permanecer ilegalmente en el país sin iniciar los trámites pertinentes, y alegar que desarrolla una actividad remunerada, lo cual también realiza al margen de la ley.

Desde el año 2010 hasta el 2019, el Tribunal Constitucional mantuvo una línea jurisprudencial conforme a la cual rechazaba los requerimientos de inaplicabilidad interpuesto en contra del artículo 248 letra c) el Código Procesal Penal. Sin embargo, en una nueva línea jurisprudencial, este artículo resulta inaplicable y contrario a derecho, refiere el recurrido.

El informe sugiere precisar el concepto de “vulnerabilidad” en las políticas de protección de la Iglesia y simplificar el procedimiento para destituir a miembros de la Iglesia en caso de que se determine su responsabilidad en situaciones de encubrimiento o negligencia en la gestión de casos de abuso.

Resulta especialmente trascendente, pues se trata de un juicio en que debían acreditarse tres ilícitos diferentes cuyas descripciones estaban claramente establecidas en el requerimiento y que se derivaban de la denuncia efectuada por la víctima, de modo que es preciso comprender los elementos que permitieron adoptar distintas decisiones, una de condena y dos de absolución considerando respecto de ambas las declaraciones de los afectados.

Según la demanda, las imágenes en los anuncios de SUBWAY proyectan la impresión de que los sándwiches contienen aproximadamente un 200% más de carne de lo que el consumidor recibe al hacer la compra. La demandante sostiene que esta práctica puede llevar a los consumidores a tomar decisiones de compra en base a una percepción de valor que no se ajusta a la realidad del producto entregado.

La protección penal de los agentes en el ejercicio de sus funciones desaparece cuando actúan, no en cumplimiento de la legalidad sino de forma arbitraria y abusiva como en el presente caso, de modo que no cabe exigir al ciudadano que quede inmóvil, pasivo e inerme ante el abuso policial sino que es comprensible y tolerable un cierto nivel de oposición física siempre que exista la debida proporcionalidad.

Ninguna enunciación puede ser estimada como verdadera sin que exista una razón para que así sea y no de otro modo, y una razón es suficiente cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado, cuando, por consiguiente, no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente válido.

Además, la Comisión de Deportes comenzó el análisis del proyecto que reconoce el derecho de todas las personas al deporte y a la recreación.

Ni el hecho de que los solicitantes residieran fuera de Francia ni el hecho de que no hubieran elegido libremente someterse a la jurisdicción del Estado demandado son suficientes para eximirlos de su deber de agotar los recursos internos disponibles en ese Estado. Respecto a si los demandantes disponían en Francia de un recurso que satisficiera los requisitos del artículo 35 de la Convención, la respuesta es sí.