El artículo 67 de la Propuesta de Nueva Constitución consagra el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. La norma señala el contenido de este derecho y especialmente la facultad de erigir templos, dependencias y lugares para el culto, proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual, entre otros. Además, se reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano y la organización de las agrupaciones religiosas y espirituales como personas jurídicas, las que se encontrarán sujetas a una serie de limitaciones señaladas en la misma norma.

Palabras clave: Libertad de pensamiento – Libertad de conciencia – Libertad de religión

El artículo 67 de la Propuesta de Nueva Constitución consagra el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cosmovisión. La libertad de conciencia y la manifestación de todas las creencias ha sido un derecho que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de la historia de Chile. En los primeros ordenamientos jurídicos se señaló que la religión oficial del Estado de Chile era la católica. En la Constitución de 1833 se mantuvo esta declaración de religión oficial, pero aceptó la práctica del culto privado de otras religiones. Por lo tanto, la regla que estaba en la práctica, era la exclusividad del ejercicio público para la religión católica y la libertad de ejercicio privado de otras religiones. Posteriormente se dictaron las leyes laicas y se avanza a la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, la que queda consagrada definitivamente en la Constitución de 1925. Pese a esta separación, se reconoce la personalidad jurídica de derecho público de la iglesia católica. Finalmente, la Constitución de 1980 mantuvo en términos similares la disposición que existía en la de 1925, pero alteró el orden, ya que dispuso que la libertad de conciencia antes que la manifestación de las creencias, en el entendido de que la primera excede a la segunda.

Es por todo esto, que la regulación de los derechos mencionados no es una novedad en el ordenamiento constitucional chileno, toda vez que la Constitución vigente contiene una regulación expresa en lo referido a la libertad de conciencia. Dicha disposición se encuentra contenida en el catálogo de derechos mencionados en el artículo 19 de la Constitución actual, el cual, en su numeral 6 señala lo siguiente: “La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público (inc. 1). Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas (inc. 2). Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones (inc. 3)”.

Al ser un derecho de primera generación y un derecho tradición -o de larga data histórica- la libertad religiosa y de conciencia ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales. Así, se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas en su artículo 16, en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidad, en el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, los artículos 1.2, 14.1, 14.3, 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 4 de la Convención del Estatuto de los refugiados, entre otros instrumentos internacionales.

La conciencia constituye el núcleo central y básico de la personalidad del ser humano, ella estructura la conformación ética de la persona humana, posibilitando la integridad moral del individuo y el libre desarrollo de su personalidad. Consiste en el derecho de pensar con plena libertad, lo que posibilita la propia selección o determinación de valores de acuerdo con los cuales formula su proyecto de vida y la conformación a dicho pensamiento de su actividad externa personal y social. Además, protege el fuero interno de la persona humana, la integridad de su conciencia, como un derecho de defensa frente a las intromisiones de cualquier tipo que pretendan violentarla. La conciencia constituye con el individuo una unidad indisoluble, la persona “es” tal como su conciencia, a diferencia de otros derechos, como la libertad de creencias, en que el individuo “adhiere” a una religión, filosofía, ideología o cuerpo de ideas. Este derecho exige asimismo al individuo una actuación externa conforme a sus propios juicios morales¹⁹ .

La presente norma ha suscitado controversia en lo referido al consentimiento. Conforme al propio artículo 6° (del Convenio 169), la finalidad de la Consulta Indígena es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Se trata de un principio orientador del proceso de consulta, y no de un requisito previo para adoptar decisiones públicas. En este sentido, la OIT han señalado que la consulta no implica necesariamente que se llegue a un acuerdo en los términos en que los pueblos indígenas prefieran. Dicha interpretación se aplicaría a la norma en comento, pero suscita dudas respecto al artículo 191 de la Propuesta de Nueva Constitución, la que señala que -en el contexto de la participación de las entidades territoriales en el Estado regional- los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución. Al distinguirse de la norma en comento, algunos han interpretado que la palabra consentimiento podría significar que deben prestar su aprobación a las diferentes decisiones que se tomen y que afecten sus derechos reconocidos en la Constitución, lo que será en todo caso en el marco de las entidades territoriales. En cualquier caso, la interpretación de ambas disposiciones de la propuesta quedará al legislador, quien delimitará el ámbito de aplicación de cada una.

La norma en análisis comienza señalando que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Tradicionalmente, se ha entendido que los mencionados derechos cuentan con una íntima relación, pues ilustran muy bien el paso del fuero interno al externo (siendo la libertad de expresión el máximo nivel, a pesar de no encontrarse regulada conjuntamente con los mismos). Así, el primero de ellos corresponde a la libertad de pensamiento que implica que nadie puede ser perseguido, sancionado, molestado por el hecho que piense de una u otra manera, que tenga una u otra creencia, de que profese determinada opinión. Es considerada como la manifestación más importante de la libertad y como un derecho absoluto por referirse a las funciones más nobles del ser humano y es absoluto, porque exige de los demás individuos y de los poderes públicos, una total abstención, un no hacer, un no intervenir, un respetar. En términos simples, es la capacidad de la persona tratar de entender y conocer de la realidad.

En segundo lugar, la libertad de conciencia se erige como un paso más respecto de la libertad de pensamiento, toda vez que la persona se forma un juicio, sin ningún tipo de interferencia. Así, este derecho puede definirse como aquel derecho fundamental que protege el proceso racional, reflexivo, la elaboración intelectual del ser humano y su adhesión o no a concepciones valóricas o creencias, sean estas religiosas, filosóficas, ideológicas, políticas o de cualquier otra naturaleza, como asimismo a rechazar aquellas que considera erróneas; proceso que corresponde al fuero interno de la persona que tiene un carácter inviolable, el cual plantea una exigencia de comportarse exteriormente de acuerdo con tales concepciones. En definitiva, es la facultad de toda persona para formarse su propio juicio, sin ningún tipo de interferencias²⁰ .

Contenida dentro de esta última, se encuentra la libertad religiosa, pues refiere a un aspecto específico de las posturas que puede adoptar una persona: las creencias o religión. Así, en su dimensión subjetiva, implica la facultad de desarrollar o no una fe en un ser superior, asumiéndola individual y colectivamente practicándola en público o en privado, mediante el culto, las prácticas, las enseñanzas, el cumplimiento de los ritos y ordenando su vida según sus exigencias, como asimismo el derecho a no declarar la religión que se profesa, evitando así ser objeto de discriminación o perjuicios por asumir y ejercer un determinado credo o realizar actos religiosos. Por su parte, la dimensión objetiva implica la pertenencia o no a una comunidad de creyentes.

Finalmente, la libertad de cosmovisión -de forma adicional- fue incorporada atendida la espiritualidad de los pueblos originarios, los grupos afrochilenos, otras expresiones religiosas minoritarias derivadas de la migración, además de, por supuesto, las personas que no tienen una religión específica o son ateas o agnósticas.

En la segunda frase del primer inciso, la disposición en comento señala el contenido de los derechos mencionados, sin hacer distinciones entre ellos: “Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y su libre ejercicio en el espacio público o en el privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza”. A pesar de lo anterior, se entiende que el inciso refiere principalmente al derecho a la libertad religiosa, particularmente a su dimensión subjetiva externa o derecho al culto. Esta libertad permite el ejercicio de todas las actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, entre ellos la práctica de los actos correspondientes a las ceremonias representativas vinculadas a la respectiva creencia religiosa, el derecho a recibir asistencia religiosa, recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole de acuerdo con las propias convicciones. Así, la fe o cosmovisión trasciende el plano del fuero interno de la persona y se manifiesta socialmente, facultado al creyente para concurrir a los lugares de culto, practicar los ritos ceremoniales, desarrollar y exhibir símbolos religiosos, observar las fiestas religiosas, solicitar y recibir contribuciones de carácter voluntario, erigir y conservar templos o iglesias destinadas al culto.

En esta misma línea, el inciso tercero refiere a la “facultad de erigir templos, dependencias y lugares para el culto; mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual; y rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado”, lo que complementa lo antes señalado y mantiene algunos aspectos del inciso segundo del artículo 19 N°6 de la Constitución vigente: “Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas”.

Posteriormente, el inciso tercero señala lo siguiente: “El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano”,a fin de evitar confusiones que pudieran hacer pensar que el Estado tiene una confesionalidad atea o antirreligiosa, aclarando inmediatamente que el Estado valora la espiritualidad como hecho propiamente humano, y que se incentiva la convivencia pacífica de las diversas religiones e incluso su colaboración para cuestiones relacionadas con el bien común.

Para concluir con la disposición en análisis, el inciso cuarto señala que las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas, tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece.En la actualidad, la ley N° 19.638 o también denominada Ley de Culto, es la que regula el ejercicio de la libertad religiosa en sus diversos aspectos, estableciendo normas sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. La disposición en comento señala el concepto de “agrupaciones religiosas y espirituales”, el que es novedoso en la terminología de la ley mencionada. En dicha norma, se entiende por iglesias, confesiones o instituciones religiosas a las entidades integradas por personas naturales que profesen una determinada fe, englobándolas en el término “entidad religiosa”.

Además, en el artículo 20 de dicha ley, se señala que “el Estado reconoce, el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea esta de derecho público o de derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan a la fecha de la publicación de la ley (…)”. En la misma línea, se establecen que las entidades religiosas pueden crear personas jurídicas religiosas, como fundar, mantener y dirigir en forma autónoma institutos de formación y de estudios teológicos o doctrinales, instituciones educacionales, de beneficencia o humanitarios, como asimismo crear, participar, patrocinar y fomentar asociaciones, corporaciones y fundaciones, para la realización de sus fines.

La norma en comento, adicionalmente establece una prohibición al lucro -ya incorporado en la ley de culto- un estándar de administración efectuada de forma transparente. Lo anterior, siempre en conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios establece la Constitución propuesta. Dicha norma no ha estado exenta de críticas por algunos sectores políticos, quienes estiman que el derecho podría encontrarse coartado, en virtud de otras disposiciones, que, a su parecer, podrían ser gravosas para el ejercicio del derecho (se ha mencionado, por ejemplo, el derecho a una educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras temáticas). De esta forma, al incorporar que los límites de este derecho corresponden a los principios y derechos establecidos en la Constitución, implicaría imponer como límites algunas normas que no son plenamente compartidas por agrupaciones religiosas y espirituales.