Por Carla Facuse Ramírez, Universidad de Chile

En octubre del año 2016, una joven mapuche llamada Lorenza Cayuhan hizo noticia en nuestro país: fue detenida y condenada por el delito de robo, estando embarazada, con 4 meses de gestación. Mientras cumplía su condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones en su embarazo, y tras numerosos reclamos fue trasladada al hospital. Allí le practicaron una cesárea, mientras estaba engrillada de pies y en presencia de gendarmes varones. Su hija fue nombrada Sayén, y es quien inspira hoy esta ley.

En busca de regular las condiciones carcelarias en que viven las mujeres embarazadas, el año 2017 se presentó como proyecto la Ley Sayén, Boletín-N°11.073-07, de mano del entonces diputado Alejandro Navarro y el senador Jaime Quintana.

La denominada Ley Sayén, tiene como objetivo principal abordar el impacto diferenciado que tiene la privación de libertad para las mujeres, en especial quienes están embarazadas o con hijos dentro de la cárcel. Asimismo, busca enfrentar las graves consecuencias que tiene para niños y niñas la privación de libertad en sus primeros años de vida.

En concreto, el proyecto pretendía modificar el Código Procesal Penal, estableciendo una sustitución de la pena y limitando el uso de prisión preventiva, con el objetivo de que mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de 2 años puedan acceder a modalidades alternativas, distintas a la cárcel.

Sin embargo, su tramitación quedó pausada por años en distintas comisiones de la Cámara de Diputados. No fue hasta el año 2022, cuando el actual gobierno ordenó darle impulso legislativo, que su discusión se retomó.

¿Por qué es relevante este proyecto de ley?

Actualmente, se calcula que en nuestro país alrededor de 3 mil mujeres que están privadas de libertad son madres.[1] Muchas de ellas, además, deben permanecer presas durante sus embarazos o periodos de lactancia de sus recién nacidos. Según cifras entregadas por Gendarmería a mayo de este año, en las cárceles chilenas hay 125 mujeres embarazadas o viviendo con sus hijos/hijas menores de 2 años.

Casos como el de Sayén y su madre, solo dan cuenta una vez más de las complejas situaciones que deben enfrentar las mujeres embarazadas privadas de libertad y sus hijos pequeños: hacinamiento, vulneración de derechos fundamentales y profunda desprotección por parte del Estado, además de la interseccionalidad de la discriminación contra las mujeres en nuestro país.

A nivel de derecho internacional, distintos organismos y tratados internacionales ratificados por Chile, como la CEDAW, han hecho hincapié en la obligación de los Estados de resguardar el interés superior del niño y el bienestar de la madre. Con ello, adquiere una mayor importancia la aprobación de leyes y mecanismos por parte del Estado chileno, que garanticen estos derechos de manera adecuada.

Estado actual del proyecto:

El pasado 1 de julio, fue aprobado el proyecto en la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Hoy, se encuentra en tabla con suma urgencia, listo para ser votado en Sala durante las próximas semanas.

Cabe destacar que, a lo largo de su discusión, el proyecto original ha sufrido modificaciones: inicialmente, la norma contemplaba una suspensión de la ejecución de la sentencia, pero aquello fue reemplazado por un mecanismo sustitutivo de la pena: la libertad vigilada intensiva. En su último debate, se descartaron también opciones como el arresto domiciliario, la internación del niño en residencias familiares, y las unidades materno-infantil en las cárceles.

El enfoque de la libertad vigilada intensiva apunta a que se garantice una protección multisistemica de la mujer, y evitaría los problemas que conllevan las penas privativas de libertad, como el aislamiento, hacinamiento, condiciones precarias y el alejamiento del núcleo familiar. Además, la pena considera la figura de un delegado, un profesional dedicado a apoyar el proceso de reinserción social, encargado de definir los programas y objetivos de cada mujer y acompañarla activamente en el proceso.

Este mecanismo existe para la población general en nuestro país desde hace ya una década (véase Ley 18.216), y permitiría controlar la vida en libertad de las personas condenadas, obligándolas además a participar de programas comunitarios y laborales, que les brindarían herramientas para disminuir las probabilidades de que vuelvan a delinquir.

Pero esto no significa que se dejara de lado la gravedad del delito o las circunstancias materiales, puesto que se aprobó que el tribunal respectivo deberá considerar la gravedad de los delitos que se le imputan a las recluidas, considerando diversos artículos del Código Penal y aquellos delitos que se califiquen como terroristas.

A ojos del gobierno, consolidar un mecanismo como este sería la opción más adecuada para atacar una arista de los problemas que aquejan a nuestro sistema penitenciario, pues permitiría atender de manera armónica los diferentes intereses sociales en juego. En este sentido, devolvería a las mujeres que lo deseen la oportunidad de criar a sus hijos en libertad, en la medida que cumplan con las obligaciones que les imponen sus penas y que abandonen la vida delictual.

Así lo ha señalado la ministra Marcela Ríos, refiriéndose a la importancia de priorizar la aprobación del proyecto: “como Estado y como gobierno nos queremos hacer cargo de esta situación que puede ser muy nociva para el desarrollo de estos niños y niñas. Él estar privados de libertad junto a las madres o el que se separe a los niños de las madres, tiene un impacto muy importante en una reproducción intergeneracional delictual, de la contaminación criminológica y de la involucramiento de los jóvenes después en delito”.

Por su parte, desde diversas organizaciones sociales se ha destacado la urgencia y necesidad de este proyecto. Desde Red de Acción Carcelaria subrayan que “se ha hecho evidente la falta de una política penitenciaria con enfoque de género y derechos humanos, lo que ha dejado en situación de desprotección a mujeres embarazadas y con hijas/os menores en las cárceles. La Ley Sayén es el primer paso para resguardar la dignidad y derechos tanto de estas mujeres como de sus niños.”

También, a través de un informe solicitado al pleno de la Corte Suprema, esta señaló respecto al proyecto que “el proyecto en cuestión propone ajustes normativos de importancia no menor, en relación al cumplimiento de los estándares internacionales antes mencionados, los que intentan equilibrar las desigualdades que afectan a las mujeres privadas de libertad embarazadas o que dan a luz en esa condición y proteger el interés superior de niños y niñas, a través de modificaciones legales que pretenden hacerse cargo del rol de cuidado de los hijos que socialmente se atribuye a la mujer, y del impacto que sobre la base de este rol socialmente definido, tiene la privación de su libertad para ella y para la sociedad en general.”

Respecto a la percepción pública de la ley, según un sondeo encargado por la Defensoría Penal Pública y elaborado por la CADEM el año 2021, un 57% de las personas se manifestó a favor de que las mujeres embarazadas o madres de hijos menores de 2 años puedan cumplir su condena desde sus hogares, mientras que un 21% se manifestó en contra.

Sin duda, se trata de un proyecto normativo que devolverá a la palestra el debate acerca de los usos de la cárcel como castigo/ pena y el impacto diferenciado que esta puede tener, en razón del género, entre hombres y mujeres.

[1] Fuente: Red de Acción Carcelaria