El proyecto se traduce en reducir una cantidad de trámites significativos, incluyendo la participación de notarios en la gestión de ellos, particularmente en procedimientos administrativos y sustituyéndolos por declaraciones simples o por firma digital avanzada.
Chile lleva más de 2 años intentando redactar una nueva Constitución. En su origen, el país levantó un órgano que fue protagonizado por actores de izquierda e independientes. Ahora, un Consejo Constitucional diseñado por las fuerzas políticas con representación de los partidos políticos, y dominado por la derecha, será el encargado de escribir una nueva Carta Magna.
El interés por el nuevo proceso es bajo. Tal vez demasiado. Así lo demuestran los datos y el ambiente que se vive en las calles. Luego de la victoria del Rechazo en el plebiscito de salida, pareciera que gran parte de la ciudadanía está lista para cerrar el capítulo constitucional. Las intenciones refundacionales dieron lugar a la apatía y cabe preguntarse si este nuevo proceso constitucional puede, o quiere, cambiar esto.
La ley modifica el Código Penal para establecer que la prescripción de la acción penal del delito de abuso sexual será de diez años; que para la cuantía de la pena se considerará la afectación física y mental de la víctima; y que en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento, se incorporarán medidas de protección a la víctima y su familia.
En un proceso de análisis desde el enfoque de género se incorpora la necesidad no sólo de analizar las leyes formalmente promulgadas, sino también identificar el contenido de las disposiciones legales, cómo están siendo aplicadas y la necesidad de valorar el impacto que tienen las leyes. Utilizar el enfoque de género como herramienta de análisis del fenómeno jurídico permite comprender que las leyes no son neutrales y por lo tanto no tienen iguales efectos en hombres y mujeres pues la historia nos ha demostrado que sólo formalmente somos iguales ante la ley.
El objetivo es establecer y regular el derecho de estudiantes de educación superior que se encuentren en situación de embarazo, de maternidad, paternidad o que tengan el cuidado personal de un niño o niña o que acrediten tener el cuidado principal de una persona con discapacidad o dependencia, con el fin de asegurar la conciliación entre sus responsabilidades familiares y sus actividades académicas y formativas, en concordancia con el principio de corresponsabilidad social y familiar del cuidado.
Se ha idolevantado con el tiempo la idea de que el autocultivo de cannabis para uso recreacional y (hasta hace poco) el medicinal, son plenamente legales, lo cual es falso. Esto se evidencia en los múltiples procesos penales que se han abierto en contra de personas normales y corrientes que han cultivado especies de cannabis en sus hogares, ya sea para uso medicinal o para uso recreativo.
La doctrina ha entendido que se refiere a las prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud pertenecientes al ámbito público o privado, que no sean consensuados o apropiados, tales como intervenciones dolorosas, episiotomías sin consentimiento, partos en posición determinadas o medicamentos excesivos. Pero esta violencia también puede ser psicológica, como cuando se trata a la usuaria con tono infantil, paternalista, autoritario o despectivo.
El pasado miércoles 4 de enero de 2023, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.521, que entró en vigencia el 3 de febrero del mismo año y que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. Junto con esta, se produjeron modificaciones relevantes a la Ley sobre Sociedades Anónimas, la Ley de Mercado de Valores y el Código de Comercio, entre otros.
Hace ya más de un año comenzó a regir la nueva ley Pro Consumidor, la cual busca poder dar mayores garantías a todos los consumidores respecto a los productos adquiridos en el mercado establecido y la vida útil de estos, subiendo así los estándares de calidad que debe contar todo producto que se comercialice en el país; y en el caso de no cumplirse, amplia los derechos de las personas permitiéndoles una serie de herramientas jurídicas para poder encontrar soluciones que buscan ser rápidas y efectivas.
