Por Martín Fernández Norambuena, Universidad de Chile

En un contexto donde la seguridad y la lucha contra la delincuencia se han convertido en prioridades legislativas, el enfoque del gobierno chileno y del Congreso ha estado marcado por la creación de nuevas leyes punitivas, especialmente dirigidas a sancionar la reincidencia. Sin embargo, expertos y organizaciones advierten que sin una inversión adecuada en programas de reinserción social, estas medidas solo abordan el problema superficialmente y no ofrecen soluciones a largo plazo.

El presidente del Senado, José García Ruminot, ha calificado la reciente aprobación del proyecto de ley que mejora la persecución penal con énfasis en la reincidencia como un “avance significativo”. Este proyecto, que forma parte de la agenda de seguridad priorizada, ha sido visto como un paso importante para frenar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. “Ser reincidente ya no será gratis”, afirmó García Ruminot, destacando que las penas más severas son un primer freno a la delincuencia (Diario Constitucional, 2024).

Sin embargo, la realidad muestra que la situación es mucho más compleja. Un estudio del Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile (Silva, 2023) reveló que más de 4.000 condenados terminarán sus penas privativas de libertad este año, y la mitad de ellos tiene un alto o muy alto riesgo de reincidencia. Solamente el 2,3% de estos reos tiene bajas probabilidades de volver a delinquir (Silva, 2023). Estas cifras ponen en evidencia una crisis de sobrepoblación en el sistema penitenciario chileno y la urgente necesidad de una política pública que priorice la reinserción social.

Bernardita Frez Ciscutti, Directora de la organización Juntos por la Reinserción, ha sido una de las voces más críticas respecto a la actual estrategia gubernamental. En una carta al director, Frez Ciscutti subrayó que “el combate a la delincuencia no será efectivo si la inversión en la prevención de la reincidencia sigue siendo mínima”. Según Frez Ciscutti, los programas de reinserción social y las medidas para supervisar y asistir a las personas que han infringido la ley son cruciales para prevenir la reincidencia (Frez Ciscutti, 2023).

La inversión en prevención de la reincidencia representa actualmente solo una décima parte del presupuesto total de Gendarmería. Esta falta de recursos impide la implementación de programas de capacitación y acompañamiento post-penitenciario, que son fundamentales para la reintegración de los exdelincuentes a la sociedad. Isabel Valenzuela, alcaldesa de Colina, también ha destacado la necesidad de una revisión urgente del sistema de rehabilitación penitenciario. “No hay reinserción posible si no se coordinan las distintas instituciones, incluidos los municipios”, afirmó Valenzuela (Silva, 2023).

El reciente aumento del 5,7% en los recursos para orden público y seguridad, contemplado en el proyecto de Ley de Presupuestos del año 2024, se enfoca principalmente en combatir la delincuencia y fortalecer a las policías y al Ministerio Público. Si bien estas medidas son importantes, no abordan la raíz del problema. La crisis de sobrepoblación en las cárceles chilenas, con cerca de 55 mil personas privadas de libertad en instalaciones diseñadas para 41.762, subraya la necesidad de una estrategia integral que incluya la rehabilitación y reinserción social (Frez Ciscutti, 2023).

El llamado a un cambio radical en la estrategia del gobierno es claro. La creación de nuevas cárceles no es una solución sostenible. Las cárceles, como señaló Gustavo Alessandri, presidente de AMUCH, “son hoy en día escuelas para los delincuentes y eso aumenta las probabilidades de que vuelvan a delinquir” (Silva, 2023). En lugar de centrarse exclusivamente en la construcción de más prisiones y en el endurecimiento de las penas, es crucial invertir en programas que ofrezcan a los exdelincuentes una verdadera oportunidad de rehabilitación.

La situación actual exige una respuesta integral que combine la mejora de las condiciones penitenciarias con estrategias robustas de reinserción social. Los programas de reinserción deben ser financiados adecuadamente para ofrecer capacitación, apoyo psicológico y laboral, y fortalecer las redes de apoyo para los exdelincuentes. Además, es fundamental educar a la sociedad sobre la importancia de la reintegración comunitaria y promover una visión más inclusiva y rehabilitadora de la justicia penal.

En conclusión, mientras el Senado avanza en la tramitación de nuevas leyes punitivas, la verdadera clave para reducir la delincuencia y construir una sociedad más segura y justa reside en una inversión significativa en la reinserción social. Solo a través de una estrategia equilibrada que incluya tanto sanciones efectivas como programas robustos de rehabilitación, se podrá reducir la reincidencia y ofrecer a los exdelincuentes una verdadera oportunidad de reintegrarse a la sociedad.

Bibliografía

– Diario Constitucional (2024). Sanciones a reincidencia: “Este es el primer freno para la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”. Diario Constitucional. Disponible en: https://www.diarioconstitucional.cl/2024/06/08/sanciones-a-reincidencia-este-es-el-primer-freno-para-la-delincuencia-el-narcotrafico-y-el-crimen-organizado/

– Silva, Marcelo (2023). Municipalidades advierten que 4291 condenados terminan sus penas este año: La mitad tiene nivel alto de reincidencia. EMOL. Disponible en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/10/25/1110977/condenados-libertad-alto-grado-reincidencia.html

– Frez Ciscutti, B. (2023). Carta al Director: Invertir para evitar la reincidencia. La Tercera. Disponible en: – https://www.latercera.com/opinion/noticia/invertir-para-evitar-la-reincidencia/32AA2HWZZVFLXGTMBZNYAEHDNE/