El imputado sostuvo que es improcedente que el juez de garantía considere una condena previa que se encuentra prescrita, como antecedente para aumentar el lapso de suspensión de su licencia de conducir, pues aquello atenta contra lo establecido en el artículo 104 del Código Penal, en relación con el artículo 196 de la Ley N°18.290.
La demandada no cumplió con su obligación de habitar el inmueble durante el plazo de 5 años luego de su adquisición, arrendándola a terceros e infringiendo así lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto Supremo Nº49 del año 2011. La magistratura condenó a la beneficiaria a pagar al SERVIU las 725 UF otorgadas mediante el subsidio para la vivienda
El actor fue renovado en su cargo sólo por dos períodos consecutivos -año 2021 y año 2022-, por lo tanto, la decisión de no renovar su contrata para el año 2023 no es un acto ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida.
La AFP intentó el cobro de montos previsionales impagos respecto de una trabajadora por el período 2006 a 2008, en circunstancias que la afectada dejó de prestar servicios para la demandada en 2012, siete años antes de deducir la demanda, plazo que excede con creces el término de cinco años establecido en el artículo 31 bis de la Ley Nº17.322.
Anuló de oficio sentencia de Corte de Valdivia que desestimó demanda de nulidad absoluta al acoger excepción de prescripción. Observó consideraciones contradictorias que se anulan entre sí, quedando desprovisto el fallo de motivaciones. Estimó infringido el artículo 13 de la Ley Nº19.253, que prohíbe el arrendamiento de predios indígenas por un plazo mayor a cinco años.
AFP Cuprum intentó cobrar más de 20 millones de pesos adeudados por cotizaciones impagas a ex funcionarios de la Universidad La República, sin embargo, la acción se encontraba prescrita en atención al artículo 31 bis de la Ley N°17.332.
El imputado alegó que la norma que sanciona la reiteración del manejo en estado de ebriedad con suspensión de licencia de conducir por 5 años es del año 2012, mientras que la anterior conducta ilícita es del año 2002, por lo que se le habría aplicado una norma penal retroactiva más perjudicial, lo que fue desestimado.
