El Tribunal de Alzada indicó que, el corto plazo de la duración del vínculo, no hace posible sugerir la existencia de lo que se denominó confianza legítima.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y señaló que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 17, 24 y 26.

El máximo Tribunal estimó que, la autoridad recurrida se encontró legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.