La requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el principio de seguridad jurídica y el derecho a ejercer la acción penal, desde que no solo contravienen el Código Procesal Penal, pues por una parte se ha consagrado un procedimiento eminentemente oral, pero, por otra, de forma contradictoria, se establece que se proceda por escrito, llevando en esto la carga procesal y sancionatoria a la parte querellante, sino también vulneran las normas constitucionales que se citan.