El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de seguridad jurídica al no permitirle alegar el abandono del procedimiento a pesar de que han transcurrido casi 8 años desde la última gestión realizada por el ejecutante.

Cuando la carga de hacer avanzar el juicio recae en el tribunal, que en la especie no dictó oportunamente la interlocutoria de prueba, es improcedente declarar abandonado el procedimiento, porque dicha pasividad no puede ser endosada al demandante, al existir una obligación del órgano jurisdiccional en dictar las resoluciones pertinentes que den continuidad al juicio.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, ya que han transcurrido más de 8 años desde la última gestión útil en la causa.

La actividad procesal desplegada por el recurrente en dicho cuaderno, dio cuenta de su actitud de continuar adelante con la prosecución del juicio, por lo tanto, los jueces de fondo debieron desestimar el incidente propuesto por la demandada, al no cumplirse en la especie los presupuestos establecidos en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

El Tesorero Regional Metropolitano tuvo por no presentado el incidente deducido por el contribuyente a través de la página web del servicio, al considerar que según las normas del Libro III del Código Tributario, dicha petición debía hacerse exclusivamente de forma presencial en la oficina de partes de la Tesorería, lo que vulnera la igualdad ante la ley al imponer al recurrente una carga adicional respecto de otros particulares en una situación similar.

El recurrente insistió que el acto por el que se notificó de dicha resolución, interrumpió el plazo del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil al ser una gestión útil para hacer avanzar el juicio, por tanto, la posterior notificación al demandante fue dentro de plazo, lo que fue desestimado por la Corte Suprema, que hizo notar la falta de diligencia para notificar oportunamente a la contraparte.

El máximo Tribunal estimó que el demandante no puede excusarse en la suspensión de plazos establecida en la ley Nº21.226 -hoy derogada-, pues dicha norma no suspendió la carga procesal del actor de encomendar las notificaciones de las resoluciones dictadas en juicio.

Por más de seis meses el actor no cumplió con la carga de notificar a todas las partes la resolución que recibió la causa a prueba, asilándose en la suspensión de plazos del artículo 6 de la Ley Nº21.226, tesis que fue descartada por el máximo Tribunal, al puntualizar que la inacción del demandante es incompatible con su intención de colaborar con el proceso.

Los requirentes exponen que, a diferencia del proceso ejecutivo en sede civil, en materia laboral el impulso procesal no está radicado en las partes, sino en el tribunal, en cuanto tiene que velar por los derechos y garantías constitucionales del trabajador.

Tratándose de una sanción procesal las normas que regulan este incidente especial han de ser interpretadas y aplicadas restrictivamente, por lo que no es permitido al interprete adicionar otros presupuestos de procedencia de la sanción que el o los expresamente indicados en la ley.