El requirente reclama que se le aplica una carga arbitraria e injusta que afecta sus garantías constitucionales.
El demandante efectuó las gestiones encaminadas a notificar a todos los demandados, por lo que interrumpió el plazo de prescripción al realizar actos tendientes a la prosecución del juicio, evitando la inactividad procesal.
Al momento de solicitar el abandono del procedimiento aún no existía una relación procesal perfecta, toda vez que no habían sido notificados todos los demandados de la causa y, por consiguiente, no estaba legalmente trabada la litis. Por esta razón es dable concluir que no existía propiamente el juicio cuyo procedimiento se pedía declarar abandonado.
Acreedor señaló bienes para la traba luego de tres años de decretado el embargo, en el periodo intermedio, solicitó el desarchivo y copia de las piezas del proceso, actuaciones que el máximo Tribunal consideró como no aptas para perseguir el cumplimiento forzado de la obligación, confirmando el abandono del procedimiento.
El artículo 2 N°28 de la Ley N°20.720 hace aplicable las reglas comunes del juicio civil a aquellos procedimientos accesorios al concurso, en relación con el artículo 157 de Código de Procedimiento Civil.
Las solicitudes y actuaciones del actor no interrumpieron el plazo del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, debido a que tales diligencias no tienen el mérito de dar curso progresivo a los autos.
En atención a la naturaleza del litigio, al hacer lugar al abandono sin llamar a las partes a rendir pruebas, el tribunal impidió al demandante a controvertir la solicitud afectando su derecho a defensa.
Se excedió el plazo de seis meses establecido en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil para notificar la última resolución considerada como gestión útil.
El proceso de cobranza tramitado en el expediente administrativo seguido ante el Tesorero Comunal respectivo es de naturaleza jurisdiccional y está sometido al tribunal competente llamado por ley a conocer de tal asunto.
El máximo Tribunal revocó la decisión de los jueces de instancia, luego de observar que no transcurrió el plazo de seis meses establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, ordenando continuar con la tramitación de la causa.
