El requirente alega que los preceptos legales afectan la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y el debido proceso.
La notificación a la que el tribunal condicionó la prosecución del juicio no estaba dentro de las posibilidades de acción de la actora, toda vez que aquella se encontraba representada por la Corporación de Asistencia Judicial.
El requirente estima que los preceptos legales afectan, entre otros, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El demandado solicitó en lo principal el desarchivo, y en el otrosí la solicitud de abandono del procedimiento, por ende, no se puede interpretar el desarchivo como una gestión útil que interrumpe el plazo de inactividad procesal, resuelve la Corte Suprema.
El recurrente indicó que los jueces de fondo no consideraron como gestión útil una solicitud de desarchivo; el máximo Tribunal sostuvo que tal gestión era de utilidad sólo si ya se había notificado previamente el término probatorio a las partes, lo que en la especie no ocurrió.
La notificación incumplió lo establecido en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil al practicarse en un domicilio no idóneo, por ende, el ejecutado no fue emplazado correctamente y en la especie se cumplió el plazo de tres años para decretar abandonado el procedimiento ejecutivo.
El incidente de abandono del procedimiento tiene lugar en la medida que las partes estén en situación de poder realizar alguna actuación que implique una gestión útil.
El requirente alega que, la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, producen efectos inconstitucionales.
Esta norma no exime de la carga procesal que descansa en el actor de encomendar las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso.
La gestión fue recibida a prueba en noviembre de 2019 y en septiembre de 2020 fue notificado el demandado, transcurriendo el plazo de seis meses contemplado en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.
