El letrado no asistió a una audiencia de coordinación de juicio oral, justificándose de forma posterior. No obstante, y pese a que el acusado manifestó en reiteradas ocasiones que deseaba volver a ser representado por su abogado de confianza, el tribunal no autorizó el patrocinio y designó de oficio al defensor penal público, infringiendo con ello el debido proceso.