En principio, la casa de estudios se negó a entregar documentos académicos indispensables para el juramento ante el máximo tribunal, esgrimiendo deudas de la alumna, no obstante, luego de la sentencia de primer grado, la recurrida hizo entrega de la documentación, por lo que la acción de protección perdió oportunidad, y la recurrente podrá jurar como letrada.

El tribunal determinó que Giuliani, de 80 años, que fue abogado personal de Trump, “atacó sin fundamento y socavó la integridad del proceso electoral de este país”.

No puede desatenderse que el plazo para la procedencia del acuse de perención era de un mes y que el letrado falleció luego de 5 meses del último acto de impulso, por lo cual el abandono por el lapso que la ley prevé estaba ampliamente cumplido. De este modo, no cabe hacer lugar a los pedidos de suspensión –porque el plazo, se insiste, ya había transcurrido.

A pesar de una tendencia creciente hacia su legalización, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa siguen prohibiendo tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia. Por lo tanto, el Estado tiene una amplia discreción a este respecto, y en el caso las autoridades mantuvieron un justo equilibrio entre los intereses en juego.

El letrado acusó un “monopolio” de las revalidaciones por parte de la casa de Bello, y que, desde que decidió iniciar un movimiento para hacer cumplir el artículo 143 de la Ley de Migraciones -que permite a todas las universidades del país revalidar títulos de profesionales foráneos-, las autoridades universitarias lo han discriminado arbitrariamente al negar sin fundamentos la posibilidad de ingresar por segunda vez al proceso de homologación.

El Tribunal tomó en consideración la explicación proporcionada por la letrada respecto al origen de las referencias ficticias, así como su sincera expresión de arrepentimiento. Sin embargo, concluyó que, a pesar de estos aspectos atenuantes, la imposición de la sanción era necesaria debido a su falta de diligencia en verificar la exactitud de la información.

Se tiene por acreditada su responsabilidad en los hechos. En tal sentido, la conducta reprochada implicó el daño de la mampara de acrílico ubicada en la mesa de entradas de la referida judicatura, circunstancia que torna de aplicación la hipótesis agravada prevista en la norma por tratarse de un objeto de uso público.

Ricardo Blanco Herrera es abogado de la Universidad de Chile e ingresó al Poder Judicial el 24 de agosto de 1978, siendo funcionario en el Cuarto Juzgado del Crimen y el Décimo Octavo Juzgado del Crimen de Santiago. El 10 de julio de 1987  fue nombrado secretario del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago y, paralelamente, sirvió en varios periodos el cargo de relator suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago.

No puede admitirse la alegación respecto a que la falta de conexión a la audiencia se debió a la mala gestión de los operadores del Juzgado encargados de esa tarea. Conforme surge de las constancias de autos, se remitió el respectivo link para la realización de la audiencia con la debida antelación para que las partes pudieran ejercer su derecho.

Ricardo Blanco Herrera asumió en el máximo tribunal en junio de 2013 y actualmente tiene 69 años. Destacó que ha trabajado en el Poder Judicial “por casi 48 años, por lo que conozco plenamente su rol y a sus funcionarios. Confío plenamente que el constante  trabajo profesional  de todos sus estamentos nos conducirá al cumplimiento de nuestras metas  y en ese ámbito a la coronación exitosa de nuestros esfuerzos para el bien de nuestro país”, detalló.