En atención al principio de primacía de la realidad, el máximo Tribunal sostuvo que el vínculo entre las partes obedece a uno laboral por existir elementos de subordinación y dependencia, por lo que desechó el argumento expuesto por el municipio que pretendía encuadrar la relación como estatutaria.

El letrado pactó un pago del 10% del monto que lograra recuperar al cobrar tres facturas, deuda que se saldó el 2016 con el pago de 250 millones de pesos que el actor logró cobrar a una entidad pública a la que la demandada emitió tres facturas.

Elen Irazábal abogada y especialista en Legaltech e Inteligencia Artificial, y Santiago Mediano, experto en Propiedad Intelectual, explican algunas claves de este campo aplicadas al sector legal.

El delito de apropiación indebida sólo puede tener lugar cuando se realiza un acto de dominio, exteriorizándose el propósito de autor o «animus rem sibi habiendi», mutando (el ejercicio de dichos actos) la inicial posesión legítima en actos de dominio ilícitos.

la víctima se fue deteriorando y cayendo en una condición mental que no le permitió comprender el sentido de los actos jurídicos en los que participaba ni el alcance de los documentos legales que el acusado Ergas firmaba en su representación, condición causada por un deterioro cognitivo y físico que afectaba su capacidad de comprensión y que limitaba su libertad de decisión y de acción, circunstancias todas conocidas por el imputado Ergas

Un 31 de julio de 1876, en dependencias del que fuera el Palacio de la Real Audiencia, que en dicho tiempo era sede de esta Corte y que actualmente aloja al Museo Chileno de Arte Precolombino, rendía su examen final y prestaba juramento ante los Ministros de ese tribunal, el marino, Capitán de Corbeta y, en ese momento, Segundo Comandante de la Esmeralda, señor Arturo Prat Chacón.

El letrado objeta -entre otros- el artículo 50 del Código Adjetivo, asilándose en la Convención de la ONU contra la corrupción, tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, que prohíbe la condena en costas contra el abogado querellante y la víctima que denuncien delitos de corrupción, como en la especie, la prevaricación de los funcionarios de tribunales civiles.

No obstante, el Tribunal Supremo de España rebajó el monto a indemnizar, en cuanto se deben descontar sus honorarios como abogado.

El mismo abogado que representaba al recurrente, patrocinaba a otros coimputados en el mismo juicio, por ende, los hechos y antecedentes de la causa no le eran desconocidos, argumentó el máximo Tribunal.

Se presentó la grabación de una conversación en la que el abogado negaba a su cliente haber recibido los mandamientos de devolución que el Juzgado ya proclamaba entregados. Todo lo cual muestra que el relato del recurrente es contrario a la realidad y que sólo él (y no su cliente) pudo abordar el cobro de los títulos de pago.