El demandado no rindió ninguna prueba que acredite la veracidad de sus afirmaciones. Profirió dichos injuriosos en contra de la actora, insertó su imagen en los registros audiovisuales e incluso la involucró en una supuesta trama de encubrimiento a políticos pederastas.

La asistencia jurídica de los letrados es necesaria para asegurar la calidad y eficacia de la acción judicial, y para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de los sectores menos favorecidos. La tutela judicial efectiva no es un derecho absoluto.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y estableció el actuar ilegal y arbitrario del ente persecutor “puesto que la referida ausencia de motivos que justifiquen la decisión allí contenida, demuestra que ha obedecido al mero capricho de la autoridad que la expidió”.

Tal situación no beneficia al condenado en costas, eximiéndole de responsabilidad por la labor jurídica desempeñada.

En esas comunicaciones, el abogado le imputó ilícitos civiles y penales, los que no contaban con respaldo en sede jurisdiccional, lo que indudablemente perturba el derecho a honra y crédito personal de la recurrente.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Considerar que la progenitora efectúa un reclamo alimentario a favor de sus hijas, encubriendo la pretensión de atender sus propios gastos personales, implica desconocer el valor de las tareas cotidianas que realiza la actora.

La Segunda Sala señaló que, concurre la causal prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC, en consideración que el conflicto que plantea la actora está referido a materias que deben ser planteadas y resueltas por el sentenciador competente, en este caso, el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar.

La figura política integró las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

En la audiencia de formalización, Rol Nº668-2021, la magistrada acogió la medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público por considerarlas proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó un plazo de investigación de 80 días.