La actuación de la recurrida resulta arbitraria y conculca el derecho de igualdad ante la ley que asiste a los abogados de la defensa como a las internas en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones legales, al no distribuirse equitativamente los espacios disponibles para que defensores y fiscales cumplan sus tareas.
El juez debe gozar de la confianza de los sujetos concretos que juzga, de modo que éstos no sólo no tengan, sino ni siquiera alberguen, el temor de llegar a tener un juez enemigo o de cualquier modo no imparcial.
El ejercicio de las actividades de inteligencia a cargo de los organismos del Estado, dados los medios empleados y su incidencia en la obtención y utilización de información, incluidos datos personales, supone una injerencia en la esfera de derechos de las personas, en particular del derecho a la vida privada.
El uso de las tecnologías emergentes y de los materiales generados por inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no está exento de importantes consideraciones éticas y legales para garantizar un uso responsable. Lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados.
No hay ninguna disposición legal que ampare el derecho a la huelga de un abogado en relación a los asuntos que se le atribuyan por el turno de oficio, ni existe ninguna resolución judicial dictada por un órgano perteneciente a la jurisdicción social que reconozca dicho derecho a huelga.
La preocupación esencial es la falta de un marco práctico para la protección del secreto profesional de los abogados en casos como el presente. Además, el derecho interno no parece contener ningún procedimiento o garantía específica para abordar el examen de los soportes de datos electrónicos y evitar que se vea comprometida la comunicación amparada por el secreto profesional.
Los actos interruptivos del curso de la caducidad deben ser idóneos para impulsar el proceso y no meramente formales. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que los tramites tendientes al exclusivo interés de una de las partes, como lo son la renuncia y designación de nuevo letrado, al no afectar la causa principal del juicio, no revisten carácter impulsorio.
El acuerdo contempla la implementación de un estudio en dos fases independientes, con el propósito de probar el nuevo esquema de preguntas y el sistema de administración remota. La Fase Uno se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre de 2024, permitiendo que los puntajes obtenidos en dicha fase sean ajustados para los participantes del examen de abogacía de 2025.
Además, desestimó la posibilidad de admitir abogados de otros Estados mediante reciprocidad sin la necesidad de aprobar el examen californiano y rechazó una solicitud para reducir la puntuación mínima necesaria para aprobar el examen de la abogacía, aduciendo que esta medida no garantizaría un impacto positivo en la diversidad del gremio.
La prohibición solo se aplica al asesoramiento jurídico que no tiene relación con un procedimiento judicial. El asesoramiento jurídico prestado a personas físicas, en particular, queda fuera del ámbito de aplicación de la prohibición. Por lo que respecta a las excepciones a la prohibición, no suponen en sí mismas injerencia alguna en la protección del secreto profesional del abogado.
Para que el profesional tenga derecho a solicitar una justa y equitativa retribución por el servicio prestado, son necesarios ciertos requisitos a saber: que posea título habilitante y matrícula para ejercer libremente su actividad; que la actuación no resulte exceptuada de retribución por una norma especial y que el trabajo efectivamente realizado sea oficioso.
