El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, desde que de manera arbitraria otorga una solución distinta a la prevista por el artículo 9 de la Ley 18.216, en cuanto esta última refiere que para los efectos de la conversión de la pena inicialmente impuesta, se computarán 8 horas continuas de privación de libertad y la norma cuestionada computa 12 horas
Lo contrario, excede el marco de los artículos 348 del Código Procesal Penal y 49 del Código Penal.
Los tiempos de privación de libertad correspondientes al proceso en el que se dicta sentencia condenatoria, deben necesariamente ser abonados al cumplimiento de la pena impuesta, independiente de la modalidad de cumplimiento determinada para la misma.
Lo anterior se reafirma con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Nº18.216.
No se vislumbra alguna afectación ilegal al derecho a la libertad personal y seguridad individual del artículo 19 número 7 de la Constitución, toda vez que las alegaciones fundantes del amparo no se han hecho valer en el tribunal que actualmente conoce la causa, señala el voto en contra.
La defensa no impugnó en su oportunidad la certificación referente al incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario.
Si bien el artículo 348 del Código Procesal Penal exige el cumplimiento parcial de doce horas de privación de libertad para ser considerado como un día de abono, no señala que dicho lapso deba ser cumplido dentro de un mismo día, lo que permite se sume el total de horas de privación de libertad cumplidas, las que luego deben fraccionarse en períodos de doce horas a fin de determinar el número de días totales de abono.
Por mandato del artículo 196 ter de la Ley Nº18.216, las penas sustitutivas se suspenden por el plazo de un año, y el abono solicitado a dicho año por el tiempo en que el acusado permaneció cumpliendo la cautelar de arresto domiciliario parcial, sólo puede computarse al tiempo restante de condena una vez finalizado el primer año de cumplimiento efectivo de la condena.
La ejecutada pagó en la cuenta del Tribunal el monto adeudado a la ejecutante días antes de la interposición del libelo, y pese a que en el pago no se expresa número de cuota, el monto consignado coincide con el valor que se reclama como adeudado, por ende, los jueces de fondo debieron apreciar esta situación para hacer lugar a la excepción opuesta.
Ante el denominado “abono heterogéneo”, el máximo Tribunal sostiene que los jueces de fondo deben otorgarlo en atención a los principios generales del derecho, en particular, el “in dubio pro reo”.
Si la privación temporal de la libertad resulta injustificada, porque el afectado por la prisión preventiva fue absuelto, no puede exigírsele que simplemente se conforme con esa injusticia que derivó de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado.
