Por mandato del artículo 196 ter de la Ley Nº18.216, las penas sustitutivas se suspenden por el plazo de un año, y el abono solicitado a dicho año por el tiempo en que el acusado permaneció cumpliendo la cautelar de arresto domiciliario parcial, sólo puede computarse al tiempo restante de condena una vez finalizado el primer año de cumplimiento efectivo de la condena.

La ejecutada pagó en la cuenta del Tribunal el monto adeudado a la ejecutante días antes de la interposición del libelo, y pese a que en el pago no se expresa número de cuota, el monto consignado coincide con el valor que se reclama como adeudado, por ende, los jueces de fondo debieron apreciar esta situación para hacer lugar a la excepción opuesta.

Ante el denominado “abono heterogéneo”, el máximo Tribunal sostiene que los jueces de fondo deben otorgarlo en atención a los principios generales del derecho, en particular, el “in dubio pro reo”.

Si la privación temporal de la libertad resulta injustificada, porque el afectado por la prisión preventiva fue absuelto, no puede exigírsele que simplemente se conforme con esa injusticia que derivó de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado.

De esta forma, se cumple el mandato legal del artículo 481 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 348 del mismo cuerpo legal.

A fin de compensar el menoscabo ya sufrido por el imputado, se debe reconocer el periodo de privación de libertad devengado en causas anteriores y diversas a la actual.

En la especie, el recurrente pidió computar los 91 días que cumplió de arresto domiciliario nocturno, en 60 días de abono; el Tribunal consideró que debían ser sólo 30 días, imponiendo cumplir el saldo de la pena.