El caso Beatriz vs. El Salvador plantea una discusión sin precedentes sobre el aborto, y las campañas de la sociedad civil, como las que intentan influir en los jueces de la Corte IDH, abren un debate sobre los límites de la libertad de expresión.
Los electores de Arizona y Montana decidirán con sus votos en las elecciones del 5 de noviembre si el derecho al aborto pasa a consagrarse en las constituciones de los dos estados del oeste de EEUU, luego de sortear ante tribunales peticiones para decidir en las urnas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ratificó las sanciones aplicadas a dos jueces por perjudicar los derechos de una niña víctima de un delito sexual, al emitir comentarios inadecuados para su rol judicial y que resultaron altamente revictimizantes.
La Corte afirmó que las objeciones de los demandantes eran de naturaleza legal, moral, ideológica y política, y que no constituían un daño directo que justificara la intervención de los tribunales federales. En el fallo se subrayó la importancia del concepto de legitimación activa para filtrar demandas basadas en objeciones generales a acciones gubernamentales.
Si bien en la jurisprudencia constitucional se ha referido con mayor detalle a la violencia obstétrica cuando el embarazo es llevado a término, lo anterior no quiere decir que la mujer que decide interrumpir su embarazo esté obligada a padecer violencia obstétrica y a resignarse a ver vulnerados de derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud, el derecho a vivir sin violencia y la no discriminación.
El máximo Tribunal estimó que los sentenciadores no explican por qué prefirieron los testigos de oídas que respaldaban la declaración de la víctima. Asimismo, cuestionó el hecho que se haya considerado como causa del aborto espontáneo sufrido por la víctima, al golpe en la zona genital propinado por la acusada, en circunstancias que los peritos médicos declararon en juicio que es normal la interrupción espontánea del embrazo en las primeras semanas de gestación, como ocurrió en la especie.
Por su apoyo a esta medida, el presidente Emmanuel Macron fue acusado de utilizar la Constitución con fines electorales.
Con relación al aborto se ha producido un fenómeno insólito en muchas legislaciones, incluida la española. En apenas unas décadas ha pasado de ser considerado un delito a convertirse en un derecho, y ahora, en Francia, un derecho garantizado por la Constitución. La consideración del aborto como derecho constituye una grave injusticia y nunca puede calificarse como conforme a derecho.
En la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el magistrado desestimó las alegaciones de la defensa, al considerar que, lejos de variar las circunstancias que se tuvieron presentes al decretar la medida cautelar, se han agregado antecedentes para justificar la cautelar que pesa sobre el imputado.
El requerido es acusado de dar muerte a su pareja en un hostal de una localidad peruana el año 2012, y la ministra instructora desestimó la prescripción de la acción penal por aplicación del artículo 100 del Código Penal, que establece una regla especial de “dos días por uno” para el cómputo de los plazos, cuando el autor de un ilícito se encuentra fuera del territorio.
Las autoridades de Ohio no podrán restringir el acceso al aborto antes de la viabilidad fetal, que se produce entre las 22 y 24 semanas de embarazo. Después de este periodo, el Estado podrá impedir el acceso al aborto a menos que la vida o la salud de la madre esté en riesgo.
