La Corte afirmó que las objeciones de los demandantes eran de naturaleza legal, moral, ideológica y política, y que no constituían un daño directo que justificara la intervención de los tribunales federales. En el fallo se subrayó la importancia del concepto de legitimación activa para filtrar demandas basadas en objeciones generales a acciones gubernamentales.
Con relación al aborto se ha producido un fenómeno insólito en muchas legislaciones, incluida la española. En apenas unas décadas ha pasado de ser considerado un delito a convertirse en un derecho, y ahora, en Francia, un derecho garantizado por la Constitución. La consideración del aborto como derecho constituye una grave injusticia y nunca puede calificarse como conforme a derecho.
En la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el magistrado desestimó las alegaciones de la defensa, al considerar que, lejos de variar las circunstancias que se tuvieron presentes al decretar la medida cautelar, se han agregado antecedentes para justificar la cautelar que pesa sobre el imputado.
El requerido es acusado de dar muerte a su pareja en un hostal de una localidad peruana el año 2012, y la ministra instructora desestimó la prescripción de la acción penal por aplicación del artículo 100 del Código Penal, que establece una regla especial de “dos días por uno” para el cómputo de los plazos, cuando el autor de un ilícito se encuentra fuera del territorio.
Las autoridades de Ohio no podrán restringir el acceso al aborto antes de la viabilidad fetal, que se produce entre las 22 y 24 semanas de embarazo. Después de este periodo, el Estado podrá impedir el acceso al aborto a menos que la vida o la salud de la madre esté en riesgo.
La ley reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos. Y, a partir de la semana 15, reconoce también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.
La ley trata de asegurar que la interrupción se lleve a cabo del modo menos gravoso para la mujer tratando de evitar desplazamientos que pueden ser perjudiciales para quien acaba de ser objeto de una intervención médica de estas características, y de garantizar, de ser posible, que la mujer que va a interrumpir el embarazo, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad física y emocional, no salga de su entorno habitual y pueda contar con los apoyos de sus allegados.
La libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género perjudiciales. Ello se ha debido a que se ha asignado social y culturalmente a los hombres un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que estas son vistas como el ente reproductivo por excelencia.
Cuando un medio de comunicación difunde declaraciones de un tercero que pudieran ser lesivas al honor, pero el medio actúa como un mero transmisor de estas, el medio queda exonerado de responsabilidad, por lo que no resulta procedente un pedido de rectificación.
La decisión se enmarca en un litigio judicial suscitado a raíz de una sentencia que prohibió el acceso a la píldora a nivel nacional y que fue apelado por distintos actores. Así, la Corte dejó sin efecto la medida dictada por el tribunal de segunda instancia que, al día de hoy, está conociendo el caso.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de violación con homicidio y aborto, hechos que fueron cometidos con alevosía, al actuar a traición y sobre seguro respecto de la víctima, con quien mantenía una relación amistad de más de 10 años.
