La libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género perjudiciales. Ello se ha debido a que se ha asignado social y culturalmente a los hombres un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que estas son vistas como el ente reproductivo por excelencia.

Cuando un medio de comunicación difunde declaraciones de un tercero que pudieran ser lesivas al honor, pero el medio actúa como un mero transmisor de estas, el medio queda exonerado de responsabilidad, por lo que no resulta procedente un pedido de rectificación.

La decisión se enmarca en un litigio judicial suscitado a raíz de una sentencia que prohibió el acceso a la píldora a nivel nacional y que fue apelado por distintos actores. Así, la Corte dejó sin efecto la medida dictada por el tribunal de segunda instancia que, al día de hoy, está conociendo el caso.

El imputado fue condenado como autor de los delitos de violación con homicidio y aborto, hechos que fueron cometidos con alevosía, al actuar a traición y sobre seguro respecto de la víctima, con quien mantenía una relación amistad de más de 10 años.

La píldora fue aprobada por el organismo regulador hace 20 años, y desde entonces se ha convertido en el medicamento abortivo más utilizado en Estados Unidos. Por ello, el fallo generó gran interés público y la oposición de las organizaciones a favor del aborto. El gobierno anunció que apelará la sentencia.

Que el acusado tenía motivos para desear la muerte de su cónyuge, que tenía problemas de orden psiquiátrico, que exhibía una actitud indolente que demostraría su deseo en el resultado fatal, son indicios que, en su conjunto no logran satisfacer el estándar de lograr una convicción de la participación punible del imputado más allá de toda duda razonable.

El tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado, tanto la ocurrencia de los delitos como la participación de Rojas Lobos en los hechos.

Garantizando su ejercicio sin discriminación alguna, libre de violencias e interferencias de terceros. Estos derechos comprenden una dimensión sanitaria, de autodeterminación e igualdad. El Estado asegurará especialmente las condiciones para una maternidad voluntaria, protegida y accesible.

La mujer fue obligada a concluir su embarazo, a pesar del riesgo que representaba para ella y su bebé, el cual falleció durante el parto. Los solicitantes piden que la Corte declare la responsabilidad internacional de El Salvador por vulnerar una serie de disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En un balance realizado recientemente señala que queda mucho por hacer en lo que respecta a la protección de los derechos reproductivos. Instó a los Estados a adoptar las medidas necesarias para que no sean afectados.