La criminalización no impide que las mujeres aborten ni las disuade de no practicarlo. El único efecto de las leyes punitivas es la clandestinidad y la inseguridad de las mujeres que deciden abortar, además del estigma que se impone sobre ellas.

La resolución es vinculante para todo el poder judicial mexicano.

Hace aplicables a todas las personas con capacidad de gestar, no sólo a las mujeres, las normas actualmente vigentes sobre interrupción voluntaria del embarazo, en las tres causales contempladas en el Código Sanitario.

La declaración de inconstitucionalidad de una norma en abstracto vulnera el principio de división de poderes, salvo que se trate de una ostensible inconstitucionalidad o vulneración evidente de derechos fundamentales.

La limitación temporal supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino es el resultado de conductas arbitrarias y violentas.

El Tribunal argentino acogió la medida cautelar solicitada por la recurrente y decretó una orden de no innovar y, en virtud de ello, la inaplicabilidad de la normativa impugnada hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

De anularse el precedente “Roe vs Wade” el aborto no pasaría a ser ilegal en los Estados Unidos, sino que daría paso a que cada estado pueda regular su propio régimen jurídico sobre la materia.

La falta de acuerdo sobre asuntos de trascendencia familiar gestada a partir de la concepción no puede estar sometida a la voluntad potestativa de ninguno de los cónyuges.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género aprobó la iniciativa que modifica el Código Sanitario, ampliando el concepto de “mujer” a “persona con capacidad de gestar”.

La iniciativa busca incluir a todas las personas con capacidad de gestar independiente de su identidad y/o expresión de género.