Toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad”, lo que implica que “deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones”. La satisfacción de este derecho es de interés no solo de los familiares de las víctimas, sino también de la sociedad en su conjunto.
La Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos (AFEP), no pudo acreditar su tesis de participación de los agentes en la muerte de la víctima en la madrugada del 19 de febrero de 1974. El máximo Tribunal estimó que quejarse de la valoración de los medios de prueba sin señalar la infracción concreta a las reglas probatorias, no satisface el motivo de nulidad invocado.
No se acredita el perjuicio que haya sufrido la acusación particular por la no presentación de la contestación escrita en plazo. En relación con el delito de falsedad documental, la alteración que se recoge en los hechos probados, no lo es de un requisito o elemento esencial en la sentencia del a quo, pues al no tener consecuencias sobre la parte dispositiva de la resolución alterada, bien se podría no haber puesto.
El juez encontró «pruebas claras y convincentes» que demostraban su inocencia. Asimismo, determinó que la condena original se basó en un testimonio no fiable, ya que Hemme había realizado su primera declaración a la policía mientras estaba bajo tratamiento médico con antipsicóticos y sedantes, y con restricciones físicas.
La Marina revisó las sentencias y dictaminó la reducción de las mismas para la mayoría de los condenados, y la anulación de las condenas para dos de ellos. No obstante, la reciente exoneración de los 256 marineros afroamericanos reconoce los errores legales y procesales cometidos por los tribunales militares iniciales, proporcionando una rectificación a las condenas impuestas.
El tribunal estimó inconstitucional el nombramiento del fiscal especial que llevó el caso. La Cláusula de Nombramientos sirve como un mecanismo de control para garantizar que los funcionarios clave del gobierno sean examinados tanto por el poder ejecutivo como por el legislativo. En el caso concreto, el tribunal estimó inconstitucional el nombramiento del fiscal especial que llevó el caso.
El 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a quien fuera el Comandante en Jefe del Ejército entre los años 2010 a 2014. Los magistrados solo alcanzaron la convicción de “mera sospecha”, y esbozaron errores en la investigación e incongruencias en la declaración de testigos y peritos, los que fueron incapaces de establecer el patrimonio inicial de Fuente-Alba así como el presunto aumento de su riqueza.
El máximo Tribunal sostuvo que ambas resoluciones obedecen a estadios procesales y estándares de convicción diferentes, por lo que ambas decisiones contrapuestas pueden ser perfectamente válidas y jurídicamente correctas.
El máximo Tribunal estimó que, las sustancias trasladadas por riles de agua lluvia y servidas no constituían “residuos peligrosos” en el sentido que lo entiende el artículo 44 de la Ley Nº20.290, por ende, falta el objeto material del tipo panal que sanciona tal acto.
Acreditar el ánimo de descrédito hacia la persona injuriada es un requisito fundamental del tipo penal contenido en el artículo 416 del Código Penal, en atención a que las palabras expresadas por el querellado en un medio de comunicación digital, deben ser analizadas en su contexto, y no sólo a través de lo que la querellante considere ofensivo para su honra y reputación.
La víctima fue fusilada por funcionarios de la Armada, luego de reconocer su autoría en delitos relativos al transporte y almacenamiento de explosivos. No obstante, el máximo Tribunal estimó que dicha condena se obtuvo en un procedimiento viciado carente de garantías procesales mínimas, en que la convicción condenatoria se formó con la sola confesión del sentenciado, obtenida tras largas sesiones de tortura.
