El máximo Tribunal estimó que, las sustancias trasladadas por riles de agua lluvia y servidas no constituían “residuos peligrosos” en el sentido que lo entiende el artículo 44 de la Ley Nº20.290, por ende, falta el objeto material del tipo panal que sanciona tal acto.

Acreditar el ánimo de descrédito hacia la persona injuriada es un requisito fundamental del tipo penal contenido en el artículo 416 del Código Penal, en atención a que las palabras expresadas por el querellado en un medio de comunicación digital, deben ser analizadas en su contexto, y no sólo a través de lo que la querellante considere ofensivo para su honra y reputación.

La víctima fue fusilada por funcionarios de la Armada, luego de reconocer su autoría en delitos relativos al transporte y almacenamiento de explosivos. No obstante, el máximo Tribunal estimó que dicha condena se obtuvo en un procedimiento viciado carente de garantías procesales mínimas, en que la convicción condenatoria se formó con la sola confesión del sentenciado, obtenida tras largas sesiones de tortura.

La querellante sostuvo que el fallo de absolución sólo contenía la parte resolutiva, remitiendo las consideraciones y razonamientos del tribunal “al audio de la audiencia de juicio simplificado”, omisión que infringe el artículo 39 en relación con los artículos 381 y 396, todos del Código Procesal Penal.

El fiscal general cuestionó el testimonio del testigo que acusó al hombre que ya había sido detenido, el cual siempre alegó su inocencia. En una de las audiencias, el testigo confesó haber recibido instrucciones erróneas del agente de policía encargado de la investigación antes de identificar a los sospechosos del crimen.

Los hechos que se declaran probados no permiten identificar con la necesaria claridad la presencia de dichos presupuestos inexcusables de tipicidad. Ni los síntomas de indisposición -mareo y náuseas- que presentaba la novia al momento en que se marchó el acusado permitían representarse una situación de peligro grave y manifiesto para su vida que no presentara síntoma alguno de afección cardiaca que fuera conocido por el acusado.

El recurrente fue condenado por un Tribunal Naval, previa confesión del delito obtenida después de varios días de tortura por parte de agentes del Estado para que reconociera el ilícito o señalara a un tercero culpable.

La acción indemnizatoria contemplada en la letra i) del Nº7 del artículo 19 de la Constitución, debe recaer sobre sentencias dictadas con abierta ilegalidad y arbitrariedad, y en contra de resoluciones cuyo resultado discrepa el acusado.

Los agentes capturaron a un particular que ingresó por paso no habilitado por la frontera en la región del Ñuble, y posteriormente ocultaron el hecho, al reportar que la víctima se ahogó al intentar cruzar el río Los Sauces mientras huía de los funcionarios para evitar el control fronterizo. La magistratura estimó que el delito fue común -no de lesa humanidad-por lo que respecto del hecho operó la prescripción de la acción penal.

La “privacidad”, tal como se entiende habitualmente, no es un concepto de todo o nada. Estar en un espacio público o semipúblico no niega automáticamente todas las expectativas de privacidad con respecto a la observación o la grabación. Más bien, el hecho de que la grabación se considere en general como una invasión de la privacidad depende de una variedad de factores.