El máximo Tribunal razona que la imposición de la medida cautelar y la dictación de la sentencia definitiva son momentos procesales diferentes que requieren de grados de convicción distintos, con procesos valorativos e interpretativos diversos y, por consiguiente, dichas fases, aun con conclusiones contrapuestas, pueden ser perfectamente válidas y jurídicamente correctas.

En el fallo, el magistrado estableció que, en la especie, no es posible concluir, más allá de toda duda razonable, que Araya Plaza haya tenido el ánimo de injuriar al alcalde y que sus dichos, emitidos en una entrevista radial y replicados en la red social Instagram, constituyen una crítica política.

La calidad de funcionario público es incomunicable al resto de los participantes, y debido a que el tribunal de base no recalificó los hechos como estafa común, el acusado debe ser absuelto en aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal, pues solo se puede emitir condena respecto de un individuo únicamente por la calificación jurídica hecha en la acusación.

No importa que el acusado tenga o no intención de trasladar sus amenazas a su víctima, sino que basta con que, en atención a las circunstancias concurrentes, tal posibilidad se le represente como posible, y a pesar de ello las profiera, refiere el voto en contra.

La contradicción es un vicio de la sentencia de carácter puramente semántico que se produce cuando en el relato fáctico se plasman elementos que, por ser antitéticos, resultan incompatibles entre sí, produciendo una laguna en la fijación de los hechos.

El recurso no puede estar fundado tan sólo en un ejercicio de ponderación probatoria diferente al plasmado en el fallo, porque desconocería la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida la sentencia, como quiera que las conclusiones del juez son, en principio, intocables, salvo la demostración de un yerro apreciativo, evidente y trascendental, que no se mostró.

Que el acusado tenía motivos para desear la muerte de su cónyuge, que tenía problemas de orden psiquiátrico, que exhibía una actitud indolente que demostraría su deseo en el resultado fatal, son indicios que, en su conjunto no logran satisfacer el estándar de lograr una convicción de la participación punible del imputado más allá de toda duda razonable.

El máximo Tribunal tuvo por acreditada la inocencia del recurrente, quien fue condenado por presuntos delitos contra la seguridad interior del Estado, luego de obtener su confesión mediante la tortura efectuada por personal militar.

Encontrar casi cuarenta razones autónomas para atacar una sentencia que resuelve el asunto en siete páginas, es sencillamente sorprendente.

El máximo Tribunal estableció la absoluta inocencia del trabajador, quien fue injustamente condenado y ejecutado con antecedentes obtenidos bajo tortura.