Entre las medidas sugeridas se incluye la incorporación de formación en prevención de conductas abusivas en los programas de capacitación de las Naciones Unidas, el establecimiento de mecanismos de denuncia externos e independientes de las cadenas de mando nacionales y la promoción de políticas de tolerancia cero por parte de los líderes de las misiones.
El engaño del sujeto respecto de la utilización del preservativo, simulando su llevanza conforme a lo acordado, para quitárselo, o no llegar a ponérselo, afecta a la forma de la injerencia, al grado de injerencia en la relación consentida, por lo que tiene la relevancia precisa para afirmar la tipicidad en el delito de violación, refiere el voto en contra.
Los abogados de Polanski han negado rotundamente las acusaciones y argumentan que la demanda es inconstitucional, basándose en el hecho de que se apoya en una ley que no estaba vigente en el momento de los supuestos hechos.
En la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el magistrado desestimó las alegaciones de la defensa, al considerar que, lejos de variar las circunstancias que se tuvieron presentes al decretar la medida cautelar, se han agregado antecedentes para justificar la cautelar que pesa sobre el imputado.
El derecho a la no autoincriminación garantiza el respeto a las decisiones de una persona investigada o acusada de mantenerse en silencio, pero no se extiende a la utilización del material probatorio obtenido de su cuerpo o bajo conminación pública cuando exista independientemente de la voluntad del imputado.
La reputación de una persona forma parte de su identidad personal y de su integridad psicológica y, por tanto, entra dentro del ámbito de su vida privada. Dado que el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la libertad de expresión tienen la misma fuerza normativa, corresponde al tribunal que conoce del caso lograr un justo equilibrio entre esos dos derechos en caso de conflicto.
La presunción de inocencia que rige en el proceso penal no impide que se adopten medidas de protección en favor de un niño si de las evidencias se desprende que ha sido víctima de presunta violencia sexual. Lo anterior, por cuanto las autoridades competentes tienen la obligación de evitar la consumación de cualquier riesgo que pueda vulnerar los derechos prevalentes de este grupo poblacional.
El Ministerio del Deporte deberá elaborar y aprobar, mediante decreto supremo, un protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte. Ese protocolo deberá ser adoptado por organizaciones deportivas tales como: club deportivo, liga deportiva, asociación deportiva local, consejo local de deportes, asociación deportiva regional, federación deportiva, federación deportiva nacional, entre otras.
El edil de la Región del Biobío, Juan Carlos Reinao, habría cometido los ilícitos entre 2006 y 2020 en contra de cinco víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de sufrir los delitos.
El Juzgado desconoció que esta Corte ha señalado que el interés superior del menor de edad debe ser tenido en cuenta en todas las decisiones que los afectan. No interpretó el derecho de la niña a tener una familia, al amor, al cuidado, a la integridad física y a la salud de conformidad con la jurisprudencia reciente.
El tribunal aplicó, además, al condenado a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
