La división entre el relato y la opinión de las periodistas está plenamente diferenciada y, por ende, no vulneraron los derechos fundamentales del accionante. El reportaje reprodujo denuncias reservadas y anónimas sobre violencia sexual, que es un discurso constitucionalmente protegido. Demostraron un trabajo investigativo serio, como el que exige la jurisprudencia en torno al estándar de veracidad.

Las autoridades mostraron un total desprecio por el sufrimiento de la demandante. Había sido sumamente vulnerable debido a su corta edad, su trágica situación familiar, su ingreso en un orfanato y presuntos abusos sexuales. Las autoridades no protegieron su integridad personal en el curso del proceso penal.

El acusado consiguió que su hija se plegase a sus propósitos a causa del influjo que ejercía sobre ella, provocado por su posición de superioridad, derivada de su condición de padre y de su mayor madurez, de modo que la víctima toleró y aceptó (como ella misma repitió) tales actos.

Los acusados no pueden plantear la demora del primer juicio una vez que se ordena un nuevo juicio. El cálculo de la demora se reinicia en cero cuando se inicia el segundo. El acusado debe tomar las medidas apropiadas de manera oportuna, no puede presentar una moción durante un nuevo juicio basada en la demora en su primer juicio. La tardanza en actuar impide la adecuada administración de justicia.

El juez de distrito no se equivocó al excluir el informe psicológico. Es un testimonio irrelevante que pudo contribuir a confundir y engañar al jurado. La evidencia de perturbación mental es admisible en el tema de mens rea solo cuando respalda una teoría legalmente aceptable.

Conocida como “Ley Antonia”, crea tipos penales, incorpora derechos específicos para las víctimas en el transcurso de la investigación y protege su identidad, intimidad, seguridad y dignidad.

La madre de la menor también recurrió contra el Consejero Técnico del Tribunal de Familia local porque se habría negado al cambio de colegio que solicitó, lo que fue desestimado por la Corte ya que aquél únicamente presta apoyo en su especialidad a la labor del Juez, pero no toma decisiones.

El tipo penal del abuso sexual no requiere un elemento subjetivo especifico que, a veces, se ha expresado con la identificación de unos ánimos, lascivos o libidinosos, sino que como delito contra la libertad requiere en su tipicidad subjetiva el dolo, entendido, en su acepción clásica, como conocimiento y voluntad de agredir la libertad sexual o la indemnidad de una persona, sin necesidad de que se concrete en un ánimo libidinoso.

La Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género retomó el estudio en particular de la moción que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación.

Que las víctimas no hayan opuesto resistencia no significa que hayan consentido, ya que el médico se aprovechó de su condición de superioridad.