Impugna una resolución que exime de sanción y reintegra al Cuerpo de Bomberos a voluntario que denunció por un supuesto abuso sexual y acoso en contra de la actora.

Arriesgar una larga condena privativa de libertad permite concluir razonablemente que existe un peligro de fuga digno de ser protegido.

Jueces de fondo estimaron que los hechos probados en instancia administrativa configuran la relación de causalidad exigida por las leyes de la seguridad social española.

Para arribar a convicción condenatoria, el tribunal consideró el cúmulo de antecedentes incorporados por el Ministerio Público, fundamentalmente los relatos de los propios afectados que en cada caso dieron cuenta circunstanciada de las situaciones vividas con el acusado y que los afectaron en la esfera de su sexualidad.

El Tribual de alzada rechazó la acción constitucional por considerar que la resolución cuestionada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, no adolece de falta de fundamentación ni de legalidad, como argüía la recurrente.

El centro educacional durante la tramitación judicial acompañó un protocolo para subsanar la infracción, lo que no es una causal para atenuar el castigo.

La medida adoptada se ajusta al artículo 211-A del Código del Trabajo y tendiente a resguardar la seguridad de un subordinado, frente a un hecho que reviste carácter de delito.

El delito por el que fue condenado el demandado es considerado como una de las formas más comunes y degradantes en las que se ejerce la violencia contra la mujer.

El 30 de diciembre de 2021 y el 20 de enero de 2022, el imputado A.M.A.S., funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) de Ancud, al interior de dos domicilios, ubicados en las calles Los Alerces y Pedro Montt de la ciudad, realizó actos de significancia y relevancia sexual, utilizando la fuerza, en contra de dos compañeras de labores, respectivamente.

Los recurridos solo indexan la información creada por terceros, quienes actúan al amparo de la libertad de emitir opinión y de información. Para que exista vulneración de las garantías se requiere que la información resulte falsa o se encuentre sin actualizar.