La víctima acudía periódicamente a buscar consejo médico, medicación, y pautas para su curación y se encuentra con una persona que abusa de la relación de confianza, provocando una relación sexual en el que el consentimiento de la víctima aparece completamente viciado.

«Ninguna persona ni autoridad puede sin permiso del huésped, ingresar ni penetrar en la intimidad de estas, invadirlas, registrarlas, requisarlas, espiar, fotografiar, filmar ni grabar lo que en su interior acontece, a menos que medie orden escrita de autoridad judicial competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.»

Los partidos y sus dirigentes tendrán que establecer medidas claras y efectivas para este cometido, además de denunciar aquellos hechos.

La presunción de inocencia no es una garantía absoluta cuando está de por medio la protección de un niño que ha sido víctima de un presunto abuso sexual.

El Estado debe responder en forma refleja por los hechos ejecutados por sus dependientes.

La privacidad e intimidad encuentran su límite legal siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen.

Esta práctica, que consiste en remover el condón sin consultar, o hacerlo incluso ante la negativa de la pareja con la que se mantienen relaciones sexuales, se ha extendido a tal punto que diversos sistemas jurídicos han dado respuesta a nivel judicial o legislativo.

El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico.

Durante el juicio, la denunciante relató que después de su reacción ante el tocamiento se originó un «ambiente de burla» hacia ella, por lo que se sintió «humillada y vejada».

Aun cuando el resultado de muerte de la víctima sea autoinflingido, este provino del comportamiento ilícito de su progenitor.