La Comisión para el Mercado Financiero omitió la notificación a los terceros interesados, incumpliendo el mandato del artículo 20 de la Ley de Transparencia. El máximo Tribunal invalidó la resolución recurrida, acotando la información que debe entregarse al peticionario, al considerar que a los terceros se les vulneró el derecho al debido proceso.

La obligación de proteger el derecho a la salud es particularmente rigurosa cuando se trata de niños y adolescentes, en tanto sujetos de especial protección. La protección reforzada de los niños que padecen algún déficit cognitivo también se fundamenta en su diagnóstico, pues sus condiciones representan una situación de vulnerabilidad que les dificulta el ejercicio de sus derechos fundamentales, en tanto su particular realidad dista de la de sus congéneres.

Las acciones están dirigidas contra un fiscal y la entidad gubernamental encargada de fiscalizar a los medios de comunicación, que consideran que la enciclopedia ha publicado artículos “falsos”. La compañía anunció que no accederá a lo exigido, por cuanto estima que es una restricción inaceptable al acceso a la información.

Al no disponer de dicha información, la solicitud requerida demanda esfuerzos desproporcionados al órgano, por lo que se configura la causal de reserva de distracción indebida.

Pese a que el formulario ingresado por el solicitante éste lo plantea a modo de preguntas, estas encuentran respaldo en documentación pública que el municipio posee, y que no puede negarse infundadamente a proporcionar.

El uso de cédulas secretas sin haber justificado razonablemente su aplicación, transgrede la libertad de expresión, el derecho a acceso a la información y participación activa en los asuntos públicos del Estado.

La Corte de Santiago rechazó la acción del laboratorio, que buscaba impedir la entrega de esta información solicitada por un particular, en virtud de la ley de acceso a la información pública.

El desarrollo de las plataformas digitales en los últimos años suscitó varias cuestiones legales vinculadas principalmente con la protección de los usuarios. En este sentido, la Unión Europea redactó un conjunto de normas para regular el mercado digital y las conductas que deben cumplir dichas plataformas en una sociedad democrática, especialmente cuando por medio de ellas se producen daños por la difusión de información falsa, engañosa o sesgada o desinformación.

Las particularidades de la circulación de información en la red, los algoritmos utilizados por las plataformas sociales, los hábitos de los consumidores de contenidos y los sistemas publicitarios modernos son algunos de los factores que explican la expansión del fenómeno.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.