Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de investigación Interacciones Cuidadosas en Justicia, que tiene por objetivo principal comprender la percepción de jueces, notarios, abogados en ejercicio y estudiantes de Derecho hacia personas con discapacidad en Chile, con el fin de diseñar y validar un modelo de trabajo que incluya un conjunto de ejercicios adaptados que facilite el acceso a la justicia del colectivo de interés.

El máximo tribunal estimó que los recurridos obraron con falta o abuso, al confirmar el fallo de primer grado que hizo lugar a las demandas en sede laboral, salvo la de nulidad del despido, que consideró prescrita por transcurrir más de seis meses, lo que es improcedente debido a que dicha acción dependía de las demás entabladas y que por aplicación del artículo 510 del Código del Trabajo, correspondía reconocer el plazo de 2 años para ejercerla y no los seis meses como ocurrió en la especie.

Los recurridos confirmaron sin más el fallo de base que acogió una excepción de incompetencia absoluta del tribunal, respecto de una demanda declarativa de relación laboral entre un médico y una Corporación Municipal, privando al galeno de su derecho a la tutela judicial efectiva y descartando tempranamente un asunto que debía ser conocido en sede laboral.

También participa el Congreso y los ministerios de Energía y de Ciencias, por lo que por primera vez se incorporarán a estos planes representantes de los tres poderes del Estado.

Una proporción significativa de estas tutelas se asocia con el sector de la salud. También el amparo incluye el debido proceso, el derecho al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana y al acceso a la justicia.

No existe impedimento para que otro juez resuelva una reposición, toda vez que el juez es el órgano y no la persona física, por lo tanto, la reposición debe ser resuelta por el tribunal que dictó la resolución recurrida, sea el titular, el subrogante, el suplente o el nuevo juez.

AFUNPRO propone que el texto constitucional debe garantizar el acceso a la justicia como derecho fundamental, por ser una de las obligaciones principales del Estado, asegurando el respeto de los derechos humanos de todas las personas sin distinciones de ninguna especie. Así mismo, el texto debe reconocer un derecho general a la tutela judicial efectiva, con todas las obligaciones que para el Estado importa, y una garantía del debido proceso, que comprenda tanto el proceso civil como el proceso penal.

Corte de Santiago confirmó la resolución de un tribunal del trabajo que, en atención a la cuantía de lo demandado, no permitió tramitar una demanda laboral por no acudir el trabajador previamente a la instancia administrativa ante la Inspección del Trabajo, acto que conculcó el debido proceso y el derecho a un juicio justo del demandante

No se puede negar la tramitación de una demanda por el hecho de no recurrir previamente ante la Inspección del Trabajo, en razón de la cuantía de lo pedido.

La misión especial enviada por la ONU constató graves violaciones a los derechos humanos e innumerables casos de impunidad, dado que las autoridades libias no han hecho grandes esfuerzos para investigar los crímenes y castigar a los hechores.