Una proporción significativa de estas tutelas se asocia con el sector de la salud. También el amparo incluye el debido proceso, el derecho al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana y al acceso a la justicia.

No existe impedimento para que otro juez resuelva una reposición, toda vez que el juez es el órgano y no la persona física, por lo tanto, la reposición debe ser resuelta por el tribunal que dictó la resolución recurrida, sea el titular, el subrogante, el suplente o el nuevo juez.

AFUNPRO propone que el texto constitucional debe garantizar el acceso a la justicia como derecho fundamental, por ser una de las obligaciones principales del Estado, asegurando el respeto de los derechos humanos de todas las personas sin distinciones de ninguna especie. Así mismo, el texto debe reconocer un derecho general a la tutela judicial efectiva, con todas las obligaciones que para el Estado importa, y una garantía del debido proceso, que comprenda tanto el proceso civil como el proceso penal.

Corte de Santiago confirmó la resolución de un tribunal del trabajo que, en atención a la cuantía de lo demandado, no permitió tramitar una demanda laboral por no acudir el trabajador previamente a la instancia administrativa ante la Inspección del Trabajo, acto que conculcó el debido proceso y el derecho a un juicio justo del demandante

No se puede negar la tramitación de una demanda por el hecho de no recurrir previamente ante la Inspección del Trabajo, en razón de la cuantía de lo pedido.

La misión especial enviada por la ONU constató graves violaciones a los derechos humanos e innumerables casos de impunidad, dado que las autoridades libias no han hecho grandes esfuerzos para investigar los crímenes y castigar a los hechores.

La Ley N°20.720 no contempló al recurso de apelación como vía para impugnar la decisión que niega lugar a una solicitud de liquidación voluntaria, por lo que es factible impugnar tal resolución mediante el recurso de queja atendida la naturaleza especial de esta acción, y en la especie, no privar al fallido de su derecho de acceso a la justicia.

La empresa reclamó en contra de la resolución administrativa referida a la calificación de servicios mínimos de su personal en huelga legal. El tribunal de primera instancia se declaró incompetente, hecho ratificado en alzada, privando a la recurrente de su derecho a acudir a la judicatura para obtener una solución al litigio.

De hacerlo, la magistratura vulnera la tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la justicia, y el derecho a un juicio racional y justo para el trabajador que presenta un conflicto de relevancia jurídica ante el juez.

Se demandó por despido injustificado y una Sala de la Corte de Santiago confirmó la resolución que no dio lugar a la tramitación de la acción, por no acudir previamente el demandante a la Inspección del Trabajo, acto que vulneró el derecho a defensa y tutela judicial efectiva del actor.