Los demandantes fueron privados de la oportunidad de continuar con su trabajo judicial y de perseguir objetivos de desarrollo profesional y personal.

Crea una única institucionalidad que integre a las Corporaciones de Asistencia judicial, reuniendo en un único Servicio la oferta programática que actualmente brindan, con atención a la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables y la defensa de los Derechos Humanos.