El recurrido instaló un nuevo medidor de agua, y trasladó el punto de extracción a más de 200 metros de la casa de la afectada para “facilitar las lecturas”. La magistratura estimó que dicho acto vulneró el estatus quo de un servicio que previamente se otorgaba sin inconvenientes, por lo que ordenó la inmediata reposición y conexión con la casa de la actora, gastos que deben ser financiados íntegramente por el Comité de Agua.