La apreciación de la existencia de los «justos motivos» exigidos para cambiar el prenombre o el apellido, debe hacerse con criterio restrictivo y el cambio solo debe otorgarse por causas serias y graves, quedando descartadas las razones frívolas e intrascendentes, de la mera disconformidad o la ausencia de generalización del prenombre.
El legislador ha querido que, si la causa del resultado lesivo pasa por la conducción de vehículos a motor y, además, se incurre en la conducción con velocidad excesiva o con influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, no sea necesario hacer una valoración de las circunstancias concurrentes para afirmar la gravedad de la imprudencia. La gravedad de la imprudencia se presume normativamente.
Resulta claro que el que acepta viajar gratuitamente o por cortesía asume solo y exclusivamente los riesgos propios de la circulación normal, salvo situaciones que, como prevé la normativa aplicable, es admisible considerar que por las circunstancias del caso existió una exposición voluntaria a una situación de peligro con la consecuente fractura (total o parcial) del nexo de causalidad adecuado.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la CMF, al denegar el pago del subsidio solicitado.
A la parte demandada le incumbía la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión de despido adoptada, debió acreditar que el despido tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que fueron de entidad suficiente.
Se deben resarcir los gastos que la lesión produce en el desarrollo de la vida ordinaria del lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en secuela, siempre que se justifiquen y sean razonables en atención a sus circunstancias personales y familiares.
El imputado intentó revertir el castigo argumentando que fue detenido en un procedimiento ilegal, pues nadie autorizó a Carabineros ingresar a su domicilio -lugar en que fue capturado- sin una orden judicial previa, tesis que fue desechada por la magistratura, al verificar que los funcionarios actuaron dentro del plazo para perseguir un delito flagrante según el artículo 129 del Código Procesal Penal.
La magistrada estableció falta la responsabilidad solidaria de los demandados en el accidente que le costó la vida al trabajador.
La Corte Suprema estimó que la petición del recurrente es un intento de cambiar los hechos asentados por la magistratura, y evidencia su disconformidad con el resultado del fallo cuestionado, sin ser capaz de puntualizar alguna regla exacta de aquellas que regulan la prueba, que presuntamente haya infringido el sentenciador de fondo.
El recurrente fue dado de baja inmediatamente por “mala conducta”, por el mero hecho de viajar como pasajero en un vehículo que conducía un subteniente -bajo los efectos del alcohol-, el que chocó contra un árbol en un bandejón central de la comuna de Peñaflor. El máximo Tribunal estimó que la medida fue desproporcionada en atención a la falta de mérito del actor en los hechos, por lo que ordenó su reincorporación a las filas de la institución.
En junio de 2016, el requerido no respetó un semáforo en rojo en la ciudad de Buenos Aires y atropelló a dos peatones ocasionándoles diversas lesiones de carácter grave, huyendo con posterioridad hacia nuestro país; no obstante, la solicitud de extradición arribó a Chile en 2022 cuando la acción penal del delito ya estaba prescrita, por lo que el pedido fue desestimado.
