El ministro instructor del máximo Tribunal -Sergio Muñoz-, acogió el pedido de extradición, pero no hizo lugar a la entrega del requerido -que actualmente se encuentra cumpliendo dos condenas por robo en la cárcel de La Serena-, debido a que “el traslado podría afectar el genuino esfuerzo observado en el encartado para reinsertarse a la sociedad, así como su arraigo familiar”. Ordenó que la investigación y juzgamiento se sigan en Chile.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a la demandada el pago de la suma de $120.000.000 como indemnización de perjuicios.

El derecho de información que conforma uno de los pilares del sistema protectorio consumeril, tiene correlato en el deber de información impuesto a los proveedores de bienes y servicios en general, y en particular con la del productor de seguros y la compañía aseguradora. En la especie, se invocó la responsabilidad del productor de seguros por déficits en su obligación de asesorar al asegurado a fin de que éste obtenga la más adecuada cobertura.

El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que estableció la responsabilidad de la empresa en el accidente.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio de nulidad formal interpuesto por la familia de un cabo de Carabineros, que en 2015 murió atropellado por el Senador Jaime Quintana en una ruta cercana a Vilcún. La recurrente impugnó un fallo de la Corte de Valparaíso pero la Corte Suprema resolvió que es improcedente deducir un nuevo recurso de casación en la forma si previamente el tribunal de alzada rechazó otro recurso de nulidad formal sustentado en los mismos argumentos.

La magistrada acogió la acción, tras establecer el incumplimiento contractual de la clínica demandada al dar el alta al paciente sin detectar que presentaba cuatro fracturas costales.

Para establecer la cuantía del daño moral el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante, para luego fijar una indemnización que compense el daño sufrido por lo que queda sujeto al prudente arbitrio judicial que ha de atenerse a una recta ponderación de las constancias que emanan del proceso.

Si bien en las zonas peatonales el conductor tiene la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas, en el momento de la colisión el coche ya había alcanzado la acera, motivo por el cual su conductora estaba mirando hacia su izquierda para comprobar que podía acceder finalmente a la calzada desde la acera, que ya estaba ocupando, cuando el ciclista circulando a velocidad inadecuada colisionó contra la puerta del copiloto.

El máximo Tribunal estimó que, pese a no haber sido emplazado el chofer de la máquina, el articulo 169 de la Ley de Tránsito establece la solidaridad entre éste y el propietario del vehículo, por lo que la demandante tiene la opción de elegir a quien demandar, sin ser una obligación demandar al chofer junto con la empresa propietaria.

La víctima salió a trotar en un sector de Melipilla cuando fue atropellada por la camioneta conducida por el imputado, quien huyó del sitio del accidente sin prestar auxilio al peatón, que falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.