El accidente y los daños derivados del mismo tienen relación de causalidad con la actuación administrativa que debió asegurar el mantenimiento de las vías públicas en unas mínimas condiciones de seguridad.

El Tribunal de alzada rebajó a $6.000.000 la cifra que los demandados deberán pagar por concepto de daño emergente y mantuvo en  $1.000.000 el monto por daño moral.

Corte Suprema confirmó el pago de indemnizaciones a la victima de un accidente de tránsito, al constatar que la demanda civil se tramitó conforme a las reglas de los artículos 62 y 263 del Código Procesal Penal.

Se configura así el vicio de casación formal del artículo 768 N°5 en relación al numeral 4° del artículo 170, ambos del Código de Procedimiento Civil.

El máximo Tribunal desestimó el recurso presentado por la empresa Agrícola Matriarca SA, en contra de la sentencia que la condenó en forma solidaria a indemnizar al demandante.

El bajo monto sentenciado a indemnizar, en consideración a las expectativas del demandante, no se condicen con irregularidades al momento de apreciar las pruebas.

Si bien las ambulancias están autorizadas para infringir la ley del tránsito en circunstancias de emergencia, el chofer sí es culpable por omitir las precauciones necesarias para evitar un mal mayor al que pretendía evitar.

La sola circunstancia de que el vehículo conducido por el actor se encontrara saliendo del puente no aparece como razón suficiente para eximirlo de la esmerada conducción que le era exigible.

Corresponde resarcir a los demandantes del daño causado con la muerte de la víctima, por cuanto fue consecuencia del actuar negligente del conductor.

Contraviene igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.