Resultaba indispensable que el liberto fuera escuchado por el Delegado de la Libertad Condicional o por la Comisión recurrida antes de revocar el beneficio.

Que la Corte revise sus propias resoluciones alteran el ordenamiento jurídico procesal que regula el sistema recursivo en materia penal.

El debate sobre quebrantamiento definitivo no cumple los requisitos legales si no fue solicitado por el Ministerio Público o por el delegado del centro privativo de libertad.

De la sola lectura de las normas, aparece que, si bien ellas no autorizan expresamente los abonos de tiempos de privación de libertad anteriores, tampoco los prohíbe.

No es imprescindible ni urgente hacer comparecer compulsivamente a una persona que padece enajenación mental mediante una orden de detención con la finalidad de reabrir un procedimiento suspendido.

El requirente alega que se vulnera su garantía al debido proceso, puesto que la disposición no contempla una forma de ejecutar las resoluciones adoptadas en su contra.

La medida reprochada ha sido adoptada por la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que disipa cualquier imputación de ilegalidad.

“La suspensión ha sido total, es decir sin excepción alguna, ni aun cumpliendo aforos y protocolos, lo que consideramos prohibido por el artículo 27, inciso 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos”, señala la Corporación.

La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, la que fue acordada con la prevención del Ministro Sergio Muñoz.

La Corte de Arica señaló que, la autoridad regional al desistirse de la acción penal evidenció con ello que no tuvo intención de que fuera indagado el supuesto delito cometido.