La demandada señaló que fue obligada por su ex pareja a venderle las parcelas, las que posteriormente vendió a padre con el único fin de que éste la despojara de esas propiedades.

La Corte determinó que el demandante no tenía legitimación activa en virtud del mandato tácito y recíproco para demandar de precario en nombre de la comunidad, puesto que la celebración del arrendamiento demostraba que el actor no representaba el parecer de todos los comuneros.

Se desestimó la excepción dilatoria de falta de capacidad de la demandante, puesto que con ella se intentaba deslegitimar la calidad de dueña de la actora, siendo que tal excepción sirve únicamente para alegar la inhabilidad del interviniente para obrar en juicio.