Es evidente que en algunas asignaturas los ajustes necesarios proporcionados por la Universidad han sido insuficientes para que la alumna pueda comprender y desarrollarlas en igualdad de condiciones que sus compañeros.
De los antecedentes conocidos aparece que el colegio siguió el protocolo de acoso escolar previsto conforme a su Reglamento, sin que aparezca como notorio o patente la insuficiencia, falta de idoneidad o tardanza de las medidas adoptadas en su ejecución.
La resolución en cuestión se vuelve arbitraria, en cuanto no se cimienta en un proceso previo que le provea de la razonabilidad que es exigible, en especial cuando se aplica la sanción más grave disponible en el sistema disciplinario escolar.
La Corte advierte que no se adoptaron todas las medidas pertinentes que el caso ameritaba, pues zanjada la situación con los menores infractores, no se advierte un cierre de la situación con quien fue la víctima delos hecho.
La circunstancia de haber apuntado con el juguete a una compañera, señalándole arriba las manos carece de la entidad para aplicar al niño la medida de expulsión, pues el niño no llevó un arma al colegio, sino un juguete que tenía tal apariencia.
La existencia del derecho de servidumbre debidamente constituida y plenamente vigente no puede desconocerse obrando en la creencia de que se tiene dominio sobre la franja que la comprende.
El episodio ocurrió dentro de la jornada en el establecimiento educacional, además la propia declaración del niño afectado da cuenta de la ocurrencia de su crisis luego de actos de bullyng ejercido por un compañero de curso.
La SEC inspeccionó las instalaciones eléctricas del establecimiento y sus inmediaciones, advirtiendo la existencia de anomalías que requerían ser corregidas, por lo que instruyó, tanto al Municipio como a la empresa eléctrica respectiva, normalizar las instalaciones eléctrica, lo cual debe ser verificado por el municipio.
Aun si se tratara de un antecedente que no es utilizado para realizar la selección de estudiantes admitidos, este no debería considerarse en el procedimiento de admisión, ni si quiera en los términos que el colegio establece, esto es, como un antecedente voluntario.
No se aprecia que la investigación se haya preocupado de las circunstancias de hecho que hubieren podido definir la responsabilidad o culpabilidad de los estudiantes en la riña ni se informa a los afectados los hechos que se le imputan y las consecuencias que podrían devenir de ellos.
Ningún establecimiento educacional puede asignar cupos sin respetar el orden de inscripción que impone el SAE, sus procesos y mecanismos, por lo que el colegio pretendido por el recurrente, no tiene potestad sobre la inscripción y matrículas así como tampoco puede alterar o manipular la lista de espera.
