La sanción se justifica en reiterados hechos de especial gravedad como son atentados contra la integridad física y/o psíquica de otros miembros de la comunidad educativa, en particular compañeros y compañeras.

No hay antecedentes que den cuenta que efectivamente haya sido la recurrida la que ha efectuado los hechos denunciados, como tampoco que Carabineros se haya negado cursar las denuncias.

Lo reclamado por el estudiante no constituye un derecho indubitado vulnerado por la Universidad; es un conflicto jurídico que corresponde ser resuelto mediante los procedimientos establecidos en el estatuto universitario.

La Seremi de Educación cumple con el deber de resguardar el patrimonio fiscal al solicitar el reintegro.

La ausencia de justificación y de exámenes al paciente, son componentes que debieron ponderarse antes de resolver el rechazo de las licencias médicas.

Pretender que por no haber reconocimiento expreso del hijo en una escritura pública, o en acto testamentario posterior, éste no tendría la calidad de hijo, es un criterio que repugna tanto a la ley vigente como a su espíritu.

Las entidades recurridas han actuado de conformidad a la normativa legal, dentro de la esfera de su competencia, con estricto apego al principio de legalidad.

No se vislumbra vulneración derechos constitucionales, ni tampoco hay medida que a estas alturas se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.

Las recurridas no indican otro fármaco o tratamiento que pueda prestar los mismos beneficios a la niña que padece una grave enfermedad.

La resolución de conflictos de esta naturaleza, debe darse alejada de discriminaciones y estereotipos impuestos de manera cultural tal como el exigir un mayor material probatorio con la finalidad de demostrar los hechos denunciados.