Se debe analizar con especial cuidado las situaciones en que, bajo una aparente normatividad neutral, se esconden estereotipos de género que perjudican el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

El padre no ha justificado adecuadamente la proporcionalidad de la medida adoptada de restricción del contacto físico y directo entre el recurrente y su madre.

Sin perjuicio de otras acciones que le corresponda al padre para reclamar asistencia económica o instar por sanciones por presuntos actos de violencia intrafamiliar cometidos en su contra.

La actora no cumplió con aportar un mínimo de antecedentes que dieran cuenta de estar en presencia de hechos de carácter indubitado.

El tribunal de apelación verificó la vulneración de derechos, por lo que una vez advertidas los jueces constitucionales no tienen la obligación de identificar la existencia de vías adecuadas y eficaces en la justicia ordinaria.

La sanción disciplinaria se fundó en un procedimiento previo que contempló las garantías procesales esenciales. Además, la actora contaba con la legitimación activa para recurrir la resolución de la Federación ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y no lo hizo.

Las autoridades judiciales accionadas respondieron las pretensiones de los sujetos procesales, con base en los elementos de convicción actuados dentro del proceso. Además, dentro del marco de sus competencias, respetaron el principio de debida diligencia al tomar en consideración para su análisis las condiciones particulares de la presunta víctima y la naturaleza del delito.

Si una acción de protección ha sido admitida, la Corte debe dictar sentencia sin que se pueda volver a analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, conforme a la regla de preclusión. Sin embargo, si previamente no se han agotado todas las vías procesales será menester aplicar una excepción a esta regla.

La naturaleza de la acción de protección es claramente tutelar y ahí radica la diferencia con las acciones ordinarias de conocimiento, pues, los derechos constitucionales no son declarados, dado que preexisten y lo único que se determina a través de la acción de protección es si concurre la violación de derechos constitucionales.

Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.