El derecho a la seguridad jurídica permite a las personas contar con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente, que les brinda una noción razonable de las reglas que le serán aplicadas.

Es arbitrario el cobro pretendido de deudas devengadas con posterioridad al oficio enviado por la Fiscalía al Registro Civil e Identificación para cancelar la patente del vehículo, por lo que no le resultan imputables las demoras o descoordinaciones entre los organismos públicos involucrados.

El máximo Tribunal adopta esta decisión al verificar que la aplicación irrestricta de la ley 21.249 (que imposibilitó el corte de servicios básicos durante parte de la pandemia) beneficia a los ocupantes irregulares del inmueble de la recurrente, pues se generaron deudas a su nombre por consumos que realizaron los primeros.

El conflicto propuesto es de índole contractual por lo que debe ser resuelto en un procedimiento de lato conocimiento y no mediante la vía cautelar de urgencia que representa el recurso de protección.

No es exigible a los padres el pleno conocimiento del sistema, pero sí al establecimiento el que debe informar veraz y adecuadamente a los padres sobre el proceso y sus efectos. El SAE preserva en primer lugar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, antes que los intereses de los establecimientos educacionales.

Añade que la facultad de condonar pretensiones como la del recurrente corresponde al Tesorero General de la República.

El asunto debe ser conocido en el procedimiento pertinente máxime si no se ha acreditado la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo impero esta Corte debe proteger.

Con ambas negativas se deja en la indefensión y vulnerabilidad a esta persona que sufre una enfermedad permanente, pues se le impide trabajar y recibir el subsidio de la licencia médica por la cronocidad de la patología y a su vez se le niega pensión por considerar que su incapacidad se encuentra bajo el rango previsto.

Se trata de una discusión que debe ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento.

Luego de su declaración como testigo el instructor cambio su calidad a inculpado y decretó como medida provisoria la suspensión de sus funciones, lo que ajusta a derecho resuelve la Corte Suprema.