El informe técnico cuestionado fue elaborado por la Comisión Médica de la PDI (órgano compuesto por 5 especialistas) y se encuentra debidamente motivado.
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Concepción que acogió el recurso de protección interpuesto por una técnica parvularia en contra de la JUNJI, que dejó sin efecto la resolución emitida por este organismo que declaraba vacante su cargo con motivo de salud incompetente. En su libelo, la recurrente expone que ingreso […]
Aun cuando la zona no haya sido reconocida formalmente como humedal urbano, de acuerdo a la definición dada por la Ley N°21.202 y los antecedentes allegados, se infiere que sí reúne las características propias de uno, por la cual debe ser objeto de protección.
No corresponde a la Administración declarar prescrita la acción de petición de herencia, por lo que no puede fundar en ello la negativa a modificar la posesión efectiva que se solicitó 14 años después de su inscripción.
Al no haber abonado el dinero sustraído ni haber accionado contra el usuario por culpa grave en los hechos, el banco incumplió las obligaciones dispuestas en la Ley N°21.234, por lo que su actuar fue ilegal, afectando el derecho de propiedad del usuario.
La interpretación de un contrato excede con creces el ámbito de competencia de la magistratura en una acción de protección, máxime si existe un acuerdo para resolver las controversias del contrato en arbitraje.
El Consejo Técnico funda su decisión en antecedentes psicológicos y sociales; compromiso delictual del condenado, su actuar con funcionarios y comportamiento interno, y tendencia hacia conductas de igual naturaleza a la que fue sentenciado. Por lo que existe un alto grado de reincidencia en un sistema con mayor acceso al medio externo.
La actuación de la recurrida perdió su causa y sustento jurídico, por lo que deviene en ilegal y arbitraria, luego que se declarara inaplicable por inconstitucional el artículo 4, inciso primero, segunda parte, de la ley 18.886.
El hallazgo corresponde a una señalización de una pertenencia minera y no a las apachetas reclamadas por la comunidad, por lo que no se vulneran la libertad religiosa ni existe un trato discriminatorio de la empresa al removerlo –con autorización del CMN- e impedir el acceso a sus terrenos por razones de seguridad.
La labor de mantención de las líneas es de cargo de la recurrente, y ello no se ha efectuado con la prolijidad y frecuencia necesaria existiendo por tanto un actuar negligente de parte de la propia actora de esta causa.
