Una proporción significativa de estas tutelas se asocia con el sector de la salud. También el amparo incluye el debido proceso, el derecho al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana y al acceso a la justicia.
Las familias conformadas por parejas del mismo sexo no deben ser sometidas a trámites administrativos innecesarios porque afectan de manera grave tanto a la madre como al hijo menor de edad, ambos sujetos de protección constitucional reforzada.
La protección a la unidad familiar es un derecho del que goza tanto el interno como su núcleo familiar. Sin embargo, no es un derecho absoluto ya que hace parte del grupo de garantías que se restringen como consecuencia de la relación de especial sujeción que surge entre el recluso y el Estado. Ello inexorablemente deriva del aislamiento obligado que genera la privación de libertad.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentran facultadas para imponer ciertos requisitos al momento de reconocer derechos, aunque estos no pueden convertirse en obstáculos insuperables, que se traduzcan en un pretexto para desconocer derechos fundamentales.
Las omisiones y fallas del censo afectan el reconocimiento oficial de las diversidades en la población y obstruyen el diseño de políticas públicas idóneas que permitan superar las enormes brechas que golpean de forma desproporcionada a las poblaciones afrodescendientes.
La estabilidad laboral reforzada consiste en el derecho fundamental que tienen los trabajadores a permanecer en el puesto de trabajo y obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del empleador, si no existe una causa objetiva que justifique el despido.
Se constató que la tramitación descuidada del abogado solicitante y las omisiones procedimentales de la entidad recurrida vulneraron sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social.
Daniel Mendoza, director de Matarife, atribuyó al ex mandatario conductas de gran condena social que socavaron su prestigio ante la opinión pública en forma desproporcionada e injustificada.
Los niños son sujetos de protección especial y, por ello, las decisiones que los afecten deben regirse por su interés superior, en especial cuando está involucrada su educación, libertad de expresión y libertad artística, los cuales son derechos fundamentales.
La acción de tutela quedó configurada de tal modo en la propuesta constitucional, que es posible prever efectos perjudiciales para la materialización de los propios derechos sociales y avanzar en justicia distributiva.
