Cualquier ciudadano puede establecer una querella contra quienes hayan cometido un delito en su contra, o puede hacerlo también un fiscal encargado del caso.
Acción penal
Corte Suprema confirma condena de 18 de cárcel para uno de los autores del homicidio de Jaime Guzmán.
Extradición de una ciudadana peruana para ser juzgada por homicidio en su país se rechaza por la Corte Suprema.
Municipalidad de Maipú impugna norma ante el Tribunal Constitucional que le impide actuar como querellante en causa criminal seguida en contra de la ex alcaldesa Cathy Barriga luego de que el CDE ejerciera la acción penal.
Norma que establece que la decisión de no perseverar es facultad privativa del Ministerio Público, no produce resultados contrarios a la Constitución.
El Ministerio Público tiene la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delito, la participación de los involucrados o en el evento la inocencia del imputado, lo cual redunda, en el ejercicio de la acción penal. En nada afecta el texto constitucional el ejercicio exclusivo de investigar los hechos punibles y la participación, como tampoco que el Ministerio Público, sea depositario del mandato de averiguar también aquellos que acrediten la inocencia del imputado.
Norma que faculta al querellante en un proceso de acción privada para solicitar diligencias, pero no al querellado, no produce resultados contrarios a la Constitución.
La ruptura del principio de inocencia, demostrando el proceder doloso de los imputados mediante los medios probatorios pertinentes corresponde al que sostiene la acción penal privada, esto es, al querellante.
Norma que permite solicitar la suspensión del proceso civil solo si se ha deducido acusación o formulado requerimiento, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Los requirentes estiman que el hecho de que no se permita solicitar la suspensión en etapas preliminares del procedimiento penal, vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.
Norma que impide forzar la acusación si el Ministerio Público no ha formalizado la investigación, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que el precepto legal impugnado transgrede su derecho a ejercer la acción penal y termina con el proceso penal, lo que trasgrede la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Norma que impide a la víctima y querellante continuar la persecución penal, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se le impide su derecho al ejercicio de la acción penal, vulnerando también su garantía a un debido proceso.
Tribunal de Argentina resuelve que no cabe decretar la prescripción de la acción penal en ausencia de un imputado individualizado.
No existe en el derecho argentino la figura de la extinción de la acción penal en abstracto, sino que ella se configura siempre en concreto y con respecto a persona determinada.