La violencia en el entorno educativo, ha sido normalizada. Conductas disruptivas de los menores, han sido relativizadas y consideradas “cosas de niños”. Por ende, se ha minimizado el problema, y eso ha impedido una correcta prevención y actuación.
Las medidas disciplinarias, tales como la expulsión de un alumno, constituyen una medida de última ratio cuando se afectamente gravemente la convivencia escolar por lo que, previo a dicha determinación, es necesario tomar todas la medidas formativas y pedagógicas, respetando siempre el principio de proporcionalidad y gradualidad.
El estrés sufrido por la actora como consecuencia del bullying del cual fue víctima operó como el disparador o desencadenante de una patología crónica que hasta ese momento no reconocía antecedente alguno.
El establecimiento educacional aplicó la normativa correspondiente teniendo en cuenta las particulares características de los niños involucrados.
No corresponde que a través del recurso de protección se evalúe el mérito de las decisiones del colegio, las que se han adoptado con apego al Reglamento Interno y a la normativa educacional.
No obstante, la aplicación del protocolo de acoso escolar no pudo llevarse a cabo debido al cierre anticipado del año escolar de la recurrente.
Resulta lógico dar prioridad a aquellas medidas de carácter formativo, por sobre las más gravosas, y ello en virtud del principio de proporcionalidad.
