El propio ordenamiento jurídico ha establecido la acción de tutela laboral, que sí contempla un procedimiento y oportunidad para rendir y ponderar adecuadamente aquella, dada su naturaleza.

En las declaraciones de la recurrida difundidas por el canal de televisión no se le imputa a la recurrente la comisión de algún ilícito, ni se le atribuye intervención directa en la decisión de su hermana de quitarse la vida.

La municipalidad había recurrido a esta instancia judicial para oponerse a la decisión del Consejo, alegando la vulneración de la privacidad de los afectados, al obligarlos a entregar antecedentes sobre todos los sumarios iniciados contra funcionarios y ex funcionarios municipales, por maltrato laboral, acoso laboral, acoso sexual y discriminación entre 2017 y 2022. Lo anterior, pese a que el CPLT en su decisión establece que deberán tarjarse todos los datos personales y sensibles de contexto contenidos en la documentación que se entregue.

Desde su nombramiento en 2016 despidió a más de 10 trabajadores afiliados al sindicato, sin justificar causa legal, instruyendo además a los nuevos trabajadores a evitar la relación con los funcionarios socios, para evitar que éstos los “contaminaran con sus malas prácticas laborales”.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañarla parte recurrente sentencias de contraste homologables.

El concepto del ius variandi abusivo se presenta cuando el empleador excede los límites que posee en el uso de su facultad para variar las condiciones laborales de sus trabajadores. Su interés se centra en aquellas modificaciones que son abiertamente arbitrarias pues lesionan el derecho a la estabilidad laboral.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que condenó en costas al Fisco al pago de $20.000.000 a cada una de las demandantes; además, como medidas reparatorias, deberá la repartición publica capacitar a todos los funcionarios de la seremía sobre violencia de género y acoso laboral y dar disculpas públicas a las demandantes, a través de una publicación en la sección de noticias de la página web del Ministerio del Medio Ambiente.

Tales actitudes fueron adoptadas en desmedro de la actora respecto de otros compañeros en igual condición, vulnerando con ello sus garantías de integridad psíquica y libertad del trabajo.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso impetrado por las demandadas en contra de la sentencia, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, que les ordenó el cese inmediato del comportamiento antijurídico, bajo apercibimiento; arbitrar todas las medidas conducentes para el traslado de la denunciante a un establecimiento del Servicio de Salud Valparaíso y el pago de una indemnización de $12.000.000 por concepto de daño moral. 

El derecho a vivir una vida libre violencia o amenazas a la integridad psíquica se desarrolla ampliamente en tratados internacionales relacionados con los derechos de las mujeres.