El máximo Tribunal consideró que se cumplen los requisitos para dar cumplimiento al fallo dictado por el tribunal extranjero.
La iniciativa propone la obligatoriedad de crear protocolos para prevenir conductas de acoso, violencia y discriminación de género.
El Tribunal hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer que la denunciada vulneró los derechos fundamentales de la demandante, incurriendo en acoso laboral en su contra, por lo que deberá efectuar un pago de $50.000.000 por concepto de daño moral, y $1.985.313 por concepto de 14 días de remuneraciones impagas.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 13°Juzgado Civil de Santiago, que estableció que en la especie no se probó la falta de servicio denunciada.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que estableció que en la especie no existió el acoso laboral denunciado por extrabajadora.
El Tribunal acogió la demanda tras comprobar la efectividad de las denuncias de la trabajadora, y que la demandada no pudo acreditar la malversación de fondos que atribuyó a la profesional quien se desempeñó de manera intachable durante ocho años en la institución.
La trabajadora desarrolló un trastorno de ansiedad y depresión producto de los malos tratos.
