La circular que entrega instrucciones a las mutualidades de empleadores e ISL, es una de las indicaciones que contempla la Ley N°21.643, conocida como Ley Karin, entrará en vigencia el próximo 1 de agosto.

No es posible concluir que la actividad en la que participaban la denunciante y el denunciado, correspondiera a una realizada por la Universidad, o en la que intervinieran en representación de aquella.

La nueva norma previene, investiga y sanciona el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, y entrará en vigor a partir del 1 de agosto.

Contingencia profesional es la situación motivada por una insuficiencia derivada del servicio. Se contrapone así a la contingencia común, que es la situación derivada de accidente o enfermedad común. Pues bien, la prueba practicada ha dejado claro que la baja temporal en el servicio que padece la actora tiene su causa en una “contingencia profesional”, y no en “enfermedad común”.

La buscaba por el centro durante su jornada laboral y le enviaba mensajes de WhatsApp desde su móvil personal sin su consentimiento ni aprobación. Le mandaba emoticonos de besos, comentarios obscenos y una cantidad significativa de archivos multimedia, vídeos e imágenes de contenido altamente pornográfico. La mujer nunca le respondía.

Conocida como “Ley Karin”, modifica la figura del Acoso laboral que no requerirá reiteración y podrá ser ejercida por una sola vez. Además, incorpora el concepto de violencia en el trabajo como aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral como clientes, proveedores o usuarios, u otros.

Se comprometió a pagar hasta 46.75 millones de dólares para compensar a las mujeres que trabajaron para la empresa desde el 12 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020. Además, la compañía acordó desembolsar 9.1 millones de dólares para cubrir los honorarios y costos legales del Departamento de Derechos Civiles.

No hay que olvidar que sigue siendo un ambiente laboral y que lo que ocurra allí, puede ser objeto de despido.

Las corporaciones transnacionales de negocios que son dueñas de redes sociales no tienen la representación vicaria de los usuarios ni pueden valerse de argumentos inherentes a las libertades de éstos para sustraerse a la autoridad de los tribunales. Adviértase que su innegable contribución técnica al ejercicio de esas libertades no impide que sus intereses entren, eventualmente, en conflicto con ellas.

En el Senado se precisaron aspectos relacionados con los protocolos de prevención que deberán fijar tanto el sector privado como el público, lo que fue refrendado por la Cámara en tercer trámite.